Según el Código Nacional de Tránsito Terrestre en Colombia, los conductores de servicio público como los taxistas deben cumplir obligaciones específicas para operar legalmente y evitar sanciones.
La normatividad principal, definida por la Ley 769 de 2002, establece las reglas a seguir para todos los actores viales, especificando categorías para las licencias de conducción de servicio público: C1 para automóviles, camperos, camionetas y microbuses; C2 para camiones rígidos, busetas y buses; y C3 para vehículos articulados.
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El documento advierte que “el titular de la Licencia de Conducción de mayor categoría podrá conducir vehículos de categoría inferior”, según el parágrafo 1º del artículo 5º del Código de Tránsito.
Así mismo, el Ministerio de Transporte señala que la licencia de conducción constituye un “documento público de carácter personal e intransferible, mediante el cual la autoridad competente autoriza a una persona para la conducción de vehículos en todo el territorio nacional”, habilitando a su titular a operar vehículos conforme a las condiciones de cada categoría.
Entre las obligaciones principales, destaca la prestación eficiente del servicio. Existe una práctica recurrente entre algunos taxistas: la negativa a llevar pasajeros a determinados destinos, un comportamiento reportado por múltiples usuarios y conocido popularmente como la frase “por allá no voy”.
Según el literal E2 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, todo conductor que se niegue a prestar el servicio público de transporte sin una causa justificada, y cuando dicha negativa genere alteración del orden público, está sujeto a sanciones.
El código establece que quienes incurran en esa conducta “serán sancionados con multa equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales diarios vigentes”. En términos concretos, si un agente de tránsito impone la sanción por este motivo, el conductor o el propietario del vehículo deberá pagar 2.135.250 pesos colombianos en concepto de multa.
Taxistas han protagonizado múltiples polémicas por su servicio
Y es que una de las quejas más recurrentes es el famoso “por allá no voy”, que refleja la negativa de algunos taxistas a cumplir con los trayectos solicitados sin una justificación válida.
Paralelamente, el sector enfrenta una crisis financiera derivada del encarecimiento de los seguros, con aumentos de entre 100 % y 300 % en los últimos años —situación que ha llevado a paros y protestas— mientras los taxistas denuncian prácticas que parecerían encubrir un cártel asegurador.
Los taxistas también han sido protagonistas de manifestaciones convocadas bajo el rechazo a plataformas como Uber y Cabify, acusadas de operar ilegalmente. Estas protestas incluyeron bloqueos de vías, operativos tortuga y enfrentamientos, por ejemplo, con motociclistas cerca del aeropuerto El Dorado, generando caos vial y confrontaciones físicas.
Aunque en algunas ciudades las movilizaciones fueron pacíficas, en Bogotá y Cali se reportaron bloqueos prolongados que complicaron la movilidad urbana.
Casos de agresividad hacia los usuarios también han sido denunciados. Hay registros de taxistas que agredieron física o verbalmente a pasajeros por pedir indicaciones o por la ruta elegida, llegando incluso a abandonar el vehículo en plena carrera.
En redes sociales se reportan prácticas como cobros injustificados, taxímetros adulterados o conductores que se niegan a prestar el servicio, aunque muchas denuncias no llegan a las autoridades.
Además, turistas han denunciado recargos exorbitantes en destino, como en Cartagena.
En conjunto, estas situaciones reflejan cómo el servicio de taxis enfrenta una presión creciente: desde condiciones económicas adversas hasta tensiones sociales y un servicio que frecuentemente falla en garantizar los derechos del usuario.
Así mismo, es importante mencionar que la crisis que afronta el sector de los taxistas no sería a nivel nacional, sino en distintos países del mundo; esto, teniendo en cuenta el auge de los servicios de transporte por plataforma.
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