El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, advirtió desde Villavicencio que la retención de 33 uniformados en Guaviare revela un vacío en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad.
El hecho se produjo en medio de una operación militar en la que murieron once guerrilleros de las disidencias de las Farc, incluido uno de sus cabecillas.
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Durante su intervención en el encuentro Justicia para Todos, organizado por la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Álvarez subrayó la gravedad de lo sucedido e insistió en la necesidad de fortalecer la acción institucional para restablecer el control de la fuerza pública en las zonas afectadas por la violencia.
“El secuestro merece el mayor repudio”: magistrado Álvarez
El presidente del Consejo de Estado declaró que “el secuestro de cualquier colombiano merece el mayor repudio y peor cuando eso recae en la fuerza pública, porque eso evidencia una debilidad institucional que hoy estamos viviendo frente a los órganos que tienen el deber de asegurar la vida y la tranquilidad de los colombianos”.
Agregó que lo ocurrido en Guaviare debe llevar a reforzar las labores de inteligencia y a que las autoridades garanticen el control por parte del Estado. “De manera que lo que hay que hacer es que se ejerzan las acciones y se fortalezca, se logre avanzar la inteligencia para que la fuerza pública recobre el monopolio de la fuerza y de la seguridad de los colombianos”, señaló.
El pronunciamiento se dio en medio de una situación de orden público que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó como crítica. Según informó, los militares fueron secuestrados el martes 26 de agosto por civiles durante los combates en la zona rural de El Retorno, Guaviare, en un lugar conocido como Nueva York.
En esa operación murieron al menos once integrantes de las disidencias de las Farc, entre ellos Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, identificado como cabecilla de la facción Martín Villa del Estado Mayor Central (EMC), estructura armada bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Denuncia del Gobierno y llamado internacional
El ministro Sánchez explicó que la retención de los militares fue presentada por los responsables como una acción de “civiles” que reclaman un corredor humanitario, sin precisar más detalles.
El jefe de la cartera de Defensa rechazó esos hechos y los calificó de ilegales: “Eso es un secuestro, va contra la voluntad de los soldados. Hemos hecho un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la ONU para que se exija su liberación inmediata”, dijo en rueda de prensa posterior a una reunión con el procurador general Gregorio Eljach y otras autoridades.
Desde el mismo encuentro judicial en Villavicencio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia también rechazó lo ocurrido: “La violencia debe ser rechazada de plano, de frente, por todas las instituciones del Estado. La violencia no es el mecanismo para la consecución de la convivencia ciudadana”.
Y agregó: “La violencia no es el mecanismo para la conducción a la justicia, a la paz y a la tranquilidad de los ciudadanos”.
Decisiones sobre la Defensoría y una embajada
En medio de su pronunciamiento sobre el secuestro, el presidente del Consejo de Estado también confirmó que Iris Marín continuará en firme como defensora del Pueblo. El alto tribunal resolvió una demanda que pedía la nulidad de su elección por haber sido conformada la terna solo por mujeres.
Álvarez precisó que, tras estudiar el caso desde la perspectiva de igualdad, “se encontró que la norma está dirigida es para justamente avanzar en el respeto del género que en Colombia ha sido el más desconocido, el que históricamente ha sido vulnerable”. Según indicó, la Sección Quinta concluyó que no se vulneró la Constitución con la elección, pues “cuando en una terna van tres mujeres, no se violenta el mandato constitucional de la igualdad, sino todo lo contrario”.
Además, la corporación negó otra demanda de nulidad que buscaba frenar el regreso del exministro Guillermo Reyes a la Embajada de Colombia en Suecia. En ambos casos, la Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó la legalidad de los nombramientos.
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