El caso judicial involucra al senador colombiano Iván Leonidas Name Vásquez, miembro de la Alianza Verde y expresidente del Senado, quien enfrenta una demanda de pérdida de investidura y un proceso penal por presuntos delitos relacionados con corrupción.
La principal acusación señala que Name habría recibido 3.000 millones de pesos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), presuntamente a cambio de gestionar la aprobación de proyectos en el Congreso.
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El exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla Álvarez, es uno de los principales testigos del caso, ya que declaró haber entregado el dinero a Name en octubre de 2023.
Otros involucrados en la investigación son Olmedo López Martínez (exdirector de la Ungrd), Sandra Liliana Ortiz Nova (exconsejera presidencial) y Carlos Ramón González Merchán (exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia), así como diversos exfuncionarios y asesores clave.
El avance de la investigación en torno al senador Iván Leonidas Name incorpora como elemento central la recopilación de registros de ubicación telefónica vinculados a Sneyder Pinilla Álvarez, considerados por el Consejo de Estado como “clave frente al tema de la entrega del dinero a Iván Name en su apartamento, en el nororiente de Bogotá”.
Estas pruebas, según reveló Semana, forman parte de un extenso material probatorio que la corporación determinó necesario examinar antes de tomar una decisión definitiva sobre la demanda de pérdida de investidura contra el legislador.
Dentro de los doce elementos probatorios ahora bajo evaluación, la lista abarca declaraciones ofrecidas en medios por el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla Álvarez, quien detalló la entrega de 3.000 millones de pesos en octubre de 2023 al entonces presidente del Senado.
A esto se suman declaraciones judiciales y testimonios rendidos por diferentes exfuncionarios y asesores clave, entre los que destacan la exconsejera presidencial Sandra Liliana Ortiz Nova, el exdirector de la Ungrd, Olmedo López Martínez, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González Merchán.
En cuanto al proceso penal, el pasado miércoles la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al senador Name por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.
El legislador de la Alianza Verde es investigado ante indicios de haber recibido recursos procedentes de la Ungrd a cambio de facilitar la aprobación de proyectos en el Congreso.
Tras profundizar en declaraciones y reconstrucciones técnicas, el alto tribunal concluyó: “Si la acusación queda en firme, el caso será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para el desarrollo del juicio correspondiente”, según un comunicado recogido por Semana.
Simultáneamente, desde el 7 de mayo, el senador permanece privado de la libertad, cumpliendo una medida de aseguramiento en centro carcelario.
Las diligencias judiciales que ahora ordena el Consejo de Estado incluyen tanto los testimonios de Pinilla, que declaró en cuatro fechas diferentes entre junio y agosto de 2024, como de otros actores mencionados en la causa, como Omeye Yalid Castellanos Castellanos, Víctor Alfonso Cárdenas Cabrera, Orlando Marín y Ricardo Andrés Cruz Pérez.
La recopilación de toda esta información busca establecer si efectivamente existió tráfico de influencias por parte del senador, quien es señalado de haber empleado su cargo para gestionar contratos y recursos públicos, según los alegatos en la demanda de pérdida de investidura en curso.
Corte Suprema llama a juicio a Iván Name y Andrés Calle por escándalo de corrupción
La Corte Suprema de Justicia de Colombia llamó a juicio a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Las investigaciones señalan que ambos habrían recibido recursos indebidos provenientes de contrataciones irregulares en la entidad.
La decisión implica que deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. El proceso se da tras las declaraciones del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, quien los implicó en la trama de corrupción.
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