La sanción establecida por un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa) contra el menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 en Bogotá representa la primera decisión en materia de justicia tomada en el caso.
El adolescente de 15 años deberá afrontar la privación de su libertad durante siete años en un centro de atención especializada. Esto, si la sanción no es revocada en posteriores instancias, teniendo en cuenta que proceden los recursos de ley contra la decisión.
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El abogado Víctor Mosquera, que representa los intereses del fallecido aspirante a la Presidencia y de su familia, se refirió a la sanción establecida por el juez, indicando que la sanción es una de las más altas que se hayan proferido en contra de un menor de edad en Colombia. Sin embargo, aseguró que su tiempo de privación de la libertad no se compara con el sufrimiento de los allegados del senador.
Asimismo, hizo una crítica al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia, que hace una diferenciación en la manera como los menores son sometidos a la justicia por sus crímenes. Pues, las sanciones establecidas nunca serán las mismas que las penas que pueden imponerse a los adultos.
“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, precisó el abogado en su cuenta de X.
El adolescente deberá responder por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante la audiencia realizada el 4 de agosto de 2025, el implicado aceptó su responsabilidad en la comisión de estos delitos. Siete días después de la diligencia, el precandidato falleció en la Función Santa Fe de Bogotá, donde estuvo hospitalizado durante un poco más de dos meses, luchando por su vida.
Luego de que se confirmara su muerte, la Fiscalía imputó cargos por el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los presuntos implicados en el magnicidio. Se trata de Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz, alias El Hermano.
No obstante, se excluyó de esta nueva imputación al menor de edad porque, según fuentes de la Fiscalía consultadas por El Tiempo, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no contempla la variación de cargos luego de que ya se hizo una acusación formal.
Reconstrucción de los hechos: el atentado contra Miguel Uribe
El atentado perpetrado contra el senador y precandidato se registró en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Allí, el aspirante estaba llevando a cabo un evento con miras a las elecciones presidenciales de 2026 en las que esperaba participar.
El adolescente se movilizó hasta el lugar citado a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González. En su interior, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Con esta, cometió el delito.
Entonces, el menor descendió del vehículo y, tras caminar hasta el parque El Golfito y adentrarse entre la aglomeración de gente que estaba escuchando al precandidato, abrió fuego. La Fiscalía detalló que, luego del ataque, “el adolescente fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del precandidato en su huida y puesto a disposición de las autoridades”.
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