En la antesala, en la Comisión Primera de la Cámara, de la discusión sobre el futuro del controvertido proyecto de ley de sometimiento a la justicia, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, confirmó que presentará la ponencia de archivo del proyecto el lunes 1 de septiembre de 2025: con el fin de que en la mencionada célula legislativa no se le dé curso a la ponencia que sería promovida por el oficialismo.
De acuerdo con el parlamentario, que hace parte de la oposición, la iniciativa, defendida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y elaborada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha generado polémica al proponer beneficios judiciales para organizaciones armadas ilegales, mientras el país enfrenta nuevos episodios de violencia e inseguridad. Entre ellos, la ofensiva de las disidencias de las Farc contra la fuerza pública y la población civil.
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El anuncio de Uscátegui se conoció en medio de hechos recientes que ilustran, desde su parecer, la persistente crisis de orden público en Colombia. “No hay justificación alguna para seguirle dando beneficios a los criminales”, declaró el representante, refiriéndose de manera explícita a la quema y el vandalismo ocurridos en Cali, los enfrentamientos en Amalfi y el secuestro de más de 30 soldados en el Guaviare, en represalia por el abatimiento de alias Dúmar.
“Reducción de penas, hasta patrimonio se les va a permitir tener o conservar a partir de esa ley cuando el país está incendiado. Lo de Cali, lo de Amalfi, hoy treinta soldados secuestrados en el Guaviare y todavía el gobierno Petro tiene el cinismo de pedirle al Congreso beneficios para esas estructuras criminales”, agregó Uscátegui, hijo del general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui y que se ha encargado de interponerse ante este tipo de iniciativas.
En palabras de Uscátegui, el país está “incendiado” y, pese a la gravedad de estos sucesos, el Ejecutivo insiste en avanzar con una ley que, en su opinión, solo facilitaría que integrantes de estructuras criminales obtengan reducciones de penas y mantengan parte de su patrimonio ilícito. Por ello, sostuvo que urge archivar el proyecto. “Confío que la Comisión atienda ese llamado y archive ese proyecto de ley que es nefasto, inconveniente e incluso ilegal”, enfatizó.
La polémica por el proyecto de ley que daría beneficios a estructuras criminales
El proyecto de Ley de Sometimiento fue radicado ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, órgano encargado de su análisis inicial. La propuesta forma parte del paquete de iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro para avanzar hacia la llamada Paz Total. Según el Ministerio de Justicia, el propósito es establecer un marco legal que permita el desarme, la desmovilización y la reintegración de organizaciones armadas ilegales, siempre bajo el principio de respeto.
La hoja de ruta trazada por el Ejecutivo introduce un mecanismo diferenciado. A grupos armados con intencionalidad política, como el ELN y las disidencias de las Farc, se les reconoce ese estatus para facilitar procesos de paz; mientras que a organizaciones puramente criminales, como el Clan del Golfo, enfrentarían un proceso de sometimiento a la justicia, con eventuales beneficios condicionados a su colaboración efectiva, entre ellas la entrega de armas.
Uno de los elementos más debatidos del proyecto reside en los beneficios judiciales que podrían recibir los miembros de grupos armados. El texto radicado aclara que estos solo serán otorgados si existen compromisos verificables de no reincidir en hechos violentos, contribuir con la verdad, reparar a las víctimas y demostrar voluntad de reintegración. “El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia”, dijo Montealegre.
Además, el ministro reiteró que “Colombia debe tener la seguridad de que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”. De aprobarse el proyecto en la Comisión, el país contaría por primera vez con un marco legal unificado para que el Estado negocie, desmantele y reintegre a actores armados, en un esquema que apuesta por la justicia restaurativa sin renunciar al castigo penal.
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