De nuevo la comunidad indígena es protagonista de un hecho violento en la UPI La Rioja ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá.
Sobre las 9:30 a. m. del 23 de agosto, un altercado entre dos hermanos causó la muerte de uno de ellos.
De acuerdo a la información suministrada por Gato Noticias, los hechos se habían presentado luego de una noche de integración entre los familiares y otros miembros de la comunidad, que se encuentran ubicados en estas instalaciones.
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Ya en horas de la mañana, bajo los efectos de bebidas alcohólicas, en medio de una conversación se habría presentado una discusión, y allí, los dos hombres al parecer sacaron armas corto punzantes y uno de ellos le propinó una puñalada al otro joven dejándolo gravemente herido.
De inmediato fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Clara, donde perdió la vida. La víctima fue identificada como Hamilton Palacios González de 20 años.
Alcaldía de Bogotá denunció a indígena emberá por golpear a un niño de 15 años
Un video que mostraba a Saúl Arias Sintua agrediendo físicamente a su pareja sentimental circuló ampliamente en redes sociales, generando alarma tanto en la comunidad emberá como entre las autoridades de Bogotá.
El nombre de este líder indígena vuelve a estar en el centro de la atención pública tras una nueva denuncia penal presentada por la Secretaría de Integración Social de la ciudad, que lo señala como responsable de golpear a un adolescente de 15 años en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja. La noticia fue confirmada por el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.
El incidente más reciente ocurrió el sábado 24 de mayo en las instalaciones de la UPI La Rioja, un espacio dedicado a la atención de comunidades vulnerables, entre ellas la población indígena emberá desplazada.
De acuerdo con testimonios recogidos por el equipo de la Secretaría de Integración Social y miembros de la comunidad residente, el menor habría recibido un golpe en el rostro por parte de Arias Sintua, quien además profirió comentarios discriminatorios durante la agresión. “Como consecuencia de este acto violento, el menor fue trasladado al Hospital Santa Clara, donde recibió atención médica especializada”, detalló la Secretaría.
La gravedad del caso se acentúa por el historial de violencia atribuido a Arias Sintua. Roberto Angulo subrayó que no se trata de un hecho aislado: “Esta es la segunda vez que tenemos noticias de agresiones del señor Saúl Arias a miembros de la comunidad. El año pasado rotó un video en medios en el que él agredía a su pareja sentimental. Esta agresión es muy grave porque se trata además de un menor de edad”, enfatizó el funcionario.
La Secretaría de Integración Social formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes. “El artículo 44 de la Constitución nos ordena: primero, que no podemos quedarnos quietos ante una agresión hacia un niño. Tenemos que protegerlo, tenemos el deber de denuncia y es lo que estamos haciendo”, explicó Angulo.
La entidad también reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos, en particular de la niñez y de los pueblos indígenas, y pidió a las autoridades judiciales que den prioridad y celeridad a la investigación, garantizando la protección integral de la víctima y su familia.
La preocupación se centra en la reincidencia de conductas violentas por parte de un líder comunitario y en la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para los menores y demás residentes de estos espacios. “Desde la labor como institución comprometida con la protección de los derechos humanos, en especial de la niñez y de los pueblos indígenas, se rechaza este hecho y toda forma de violencia y discriminación, y se solicita a las autoridades judiciales dar celeridad y prioridad a esta investigación, garantizando la protección integral de la víctima y su núcleo familiar”, indicó la Secretaría de Integración.
Este llamado fue respaldado por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien también instó a la Fiscalía a actuar con rapidez para judicializar al agresor y proceder con su captura.
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