Paquetes sospechosos en las afueras del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta causaron pánico: autoridades descartan presencia de explosivos

En horas de la mañana del 23 de agosto de 2025 se presentó una alerta en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta por el hallazgo de tres paquetes sospechosos. Al parecer, uno de ello contenía material explosivo.

Como medidas de seguridad para todo el personal y pasajeros que trabajan y tienen como destino la terminal aérea las aerolíneas estaban reprogramando o cancelando todos los vuelos asignados para la jornada.

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Infobae Colombia pudo conocer que uno de los caninos del lugar en una primera revisión dio positivo para carga explosiva; sin embargo, en un segundo momento los resultados fueron negativos, por lo que están a la espera del personal antiexplosivo para confirmar las hipótesis.

Parte de tranquilidad

Sobre las 10:42 a. m. este medio confirmó que se descarta presencia de explosivos. Los paquetes sospechaos estarían ubicados en cercanías de una de las pistas, en el barrio Aeropuerto, que limita con las instalaciones de la terminal aérea.

De acuerdo con la W Radio, un vuelo que tenía como destino este lugar permanece en sobrevuelo por la contingencia. En su interior viajan altos oficiales de la Policía nacional que tienen como misión adelantar en horas de la tarde del sábado el cambio de mando en la policía Metropolitana de la Ciudad.

Atentados en Amalfí, Antioquia y Cali

La magnitud de la violencia quedó evidenciada cuando un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado con drones en Amalfi, Antioquia, provocando la muerte de 13 policías y dejando varios heridos. Este ataque, atribuido al frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), se produjo mientras la aeronave participaba en operaciones contra cultivos ilícitos, según informó El País.

La acción armada, que empleó tecnología de drones para abatir el helicóptero, marcó un nuevo nivel de sofisticación en los métodos de las disidencias de las Farc. El mismo día, la ciudad de Cali fue escenario de otro atentado de gran impacto.

Un camión cargado con cilindros bomba explotó en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, causando la muerte de al menos seis personas y dejando más de 60 heridos. Las autoridades identificaron al Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente de las Farc, como responsable de este ataque. Tras la explosión, el presidente Gustavo Petro se desplazó a Cali y anunció una recompensa de $800 millones para quienes proporcionen información que permita capturar a los responsables, de acuerdo con El País.

Ambos atentados recibieron una condena enérgica por parte del gobierno colombiano y de organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su rechazo a estos hechos violentos, subrayando la gravedad de los ataques y la necesidad de proteger a la población civil y a las fuerzas de seguridad.

Las autoridades han reiterado que los dos ataques del 21 de agosto de 2025 fueron ejecutados por disidencias de las Farc, específicamente por el Estado Mayor Central y su frente 36. La respuesta oficial incluyó el despliegue de recursos para la investigación y la persecución de los responsables, así como el fortalecimiento de las medidas de seguridad en las zonas afectadas.

En cuanto a la autoría y motivaciones detrás del atentado, Petro reiteró que se trata de organizaciones vinculadas al narcotráfico con conexiones internacionales.

El jefe de Estado enfatizó que estas agrupaciones, a menudo denominadas disidencias, en realidad operan como bandas del narcotráfico coordinadas con mafias de México, Albania e Italia. “La acción contra este tipo de agrupaciones que se han mal llamado disidencias, porque en realidad son bandas del narcotráfico actual, coordinadas internacionalmente, como lo he informado, conjuntamente con otras agrupaciones en el país, su coordinación es de mafias internacionales, mexicanas, albanesas, italianas”, señaló, añadiendo que ocho de sus principales cabecillas han sido capturados en Colombia.

El presidente subrayó que el conflicto no tiene un trasfondo político, sino que responde a la dinámica de control territorial y explotación de la vulnerabilidad social en la región, caracterizada por la falta de acceso a la tierra, conflictos interétnicos y la ausencia de alternativas económicas para el campesinado.