
Ángela María Buitrago, que entre julio de 2024 y mayo de 2025 fue ministra de Justicia, lanzó una extensa crítica a la solicitud que hizo el Gobierno del presidente Gustavo Petro para extraditar al exdirector del Dapre Carlos Ramón González, que a la postre fue rechazada por el régimen de Daniel Ortega.
En primer lugar, la ex jefe de la cartera, que fue reemplazada por Eduardo Montealegre, advirtió sobre el desenlace de la situación al considerar que “esto se veía venir precisamente porque se le abrió la compuerta para que (Carlos Ramón González) saliera del país cuando ya había una investigación penal” en su contra.
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Según la exfuncionaria, las autoridades locales debieron haber tomado medidas preventivas para evitar la salida de las personas investigadas desde los primeros momentos de la indagación judicial, refiriéndose al escándalo de corrupción de la Ungrd.

“Lo primero que debían haber hecho era tomar las medidas para que esas personas, que eran claramente indiciarias desde el mismo momento de la investigación inicial, tuvieran las medidas para no salir del país.”, expresó Buitrago en una declaración entregada a medios nacionales.
La exministra enfatizó la importancia de la coherencia en las solicitudes de extradición y en el respeto a los instrumentos internacionales; pues Buitrago ve incongruente que Colombia haya rechazado la negativa de Nicaragua en extraditar al exdirector del Dapre cuando en Colombia, a su juicio, también desestima este procedimiento.
“La extradición, y por eso yo defendía tanto el cumplimiento de la extradición, porque ahora no podemos reclamar que no extraditen de un país cuando nosotros también no estamos extraditando hasta los otros países.”, dijo Ángela María Buitrago.
El detonante de la postura de Nicaragua, según Buitrago: la relación entre Daniel Ortega y González

Buitrago también señaló como determinante la relación personal entre el líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega, y el propio González, así como con miembros de la organización implicada, lo que, en sus palabras, supone una actitud de protección: “Le está haciendo una protección, y la protección es tan grande que entiende que niega la extradición, le da la categoría de perseguido político y le da un asilo de manera inmediata”, afirmó la otrora ministra de Justicia.
Este giro, advirtió Buitrago, tiene “una repercusión muy importante, porque considera que los delitos de corrupción y los delitos que tienen que ver con la presunta, y digo presunta porque sigue habiendo presunción de inocencia hasta tanto la ejecutoria de la sentencia no se cobre, genera la necesidad de entender que se deben fortalecer los instrumentos para que los países colaboren en el tema de la persecución de la corrupción”.
Por último, la exministra alertó sobre el riesgo de que se perpetúen los escenarios de impunidad ante la falta de colaboración efectiva internacional: “Si nosotros seguimos teniendo ventajas, gabelas o protecciones, va a seguir siendo inane la actividad de la justicia”, remató.
Petro explicó el asilo otorgado a Carlos Ramón González en Nicaragua

Gustavo Petro expuso en su cuenta de X los motivos que, a su juicio, explican la reciente decisión del régimen de Nicaragua de rechazar la extradición de Carlos Ramón González, una figura de confianza del mandatario colombiano, y, por el contrario, concederle asilo político.
Según el propio presidente, la medida responde tanto a la historia personal de González como a la compleja relación política entre los actuales gobiernos de ambos países.
En su análisis, Petro identificó dos factores determinantes. Por un lado, el distanciamiento político e ideológico que mantiene desde hace años con Ortega, quien lo acusa de haberse apartado de los ideales sandinistas tras la revolución que derrocó a Anastasio Somoza. Por otro, la trayectoria de González como combatiente internacionalista del Movimiento 19 de Abril (M-19), organización guerrillera colombiana desmovilizada, cuyos miembros participaron activamente en la guerra civil nicaragüense.
El presidente enfatizó que los oficiales del M-19 no solo se sumaron a la lucha contra la dictadura de Somoza, sino que fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares, lo que consolidó lazos históricos entre ambos movimientos.
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