El jueves 21 de agosto, Colombia volvió a experimentar una de sus jornadas más violentas de los últimos meses. En menos de 24 horas, dos atentados terroristas ocurridos en Antioquia y Valle del Cauca dejaron 19 personas muertas, decenas de heridos y un ambiente de zozobra entre los ciudadanos.
En este escenario, el procurador general Gregorio Eljach se pronunció a través de un video oficial. Su mensaje fue contundente frente a lo ocurrido y en relación con la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno.
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“Como Procurador General de la Nación, condeno y rechazo de manera contundente los execrables actos terroristas perpetrados este jueves en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca”, expresó.
El funcionario insistió en que el país no debe retroceder a los tiempos de violencia indiscriminada: “Colombia no va a tolerar bajo ninguna circunstancia el retorno a épocas oscuras en las que el accionar criminal pretendía obstruir buena marcha de la sociedad. Hago un llamado urgente al Gobierno nacional, a las Fuerzas Armadas y de Policía, a la Rama Judicial, para que con sus acciones logremos sin demora la supremacía plena del Estado y de las instituciones sobre los criminales”.
De manera especial, enfatizó en que la búsqueda de acuerdos de paz no puede significar debilidad frente a las organizaciones ilegales: “Señor Presidente, la búsqueda de la paz es loable y legítima. Como ya lo he observado, casi todos los presidentes de la República de las últimas décadas lo han intentado también, pero ello no puede hacerse a expensas de la seguridad de la nación y las vidas de los colombianos”.
Además, Eljach subrayó que la respuesta del Estado debe ser firme y apegada a la legalidad: “Es imperativo someter al narcoterrorismo a las normas del derecho internacional y al ordenamiento jurídico interno de manera implacable. La ley tiene que ser dura precisamente porque es la ley, es el arma más eficaz que nos pone a salvo en las democracias”.
Los recientes atentados que estremecieron el país
El primer ataque ocurrió en el municipio de Amalfi, Antioquia, cuando un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional, que adelantaba labores de erradicación de cultivos ilícitos, fue derribado por un dron cargado con explosivos. Las autoridades señalaron como responsables a las disidencias de las Farc.
El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director General de la Policía Nacional, confirmó que: “Trece policías que fueron parte de un grupo de profesionales en el programa de la erradicación de cultivos ilícitos estaban erradicando en el nordeste del departamento de Antioquia y el Frente 36 de las Farc accionó de forma demencial artefactos explosivos, uso de drones, tatucos, en contra de la integridad de nuestros policías”.
El saldo de este ataque fue devastador: 13 uniformados muertos y otros cuatro heridos de gravedad, quienes fueron trasladados desde Montería a Bogotá para recibir atención médica especializada.
Horas después, el terror se trasladó a Cali, Valle del Cauca. Allí, una explosión cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez dejó seis muertos y más de 70 heridos.
La Policía Metropolitana indicó que la explosión fue causada por un artefacto detonado en una zona cercana a la carrera 8 con carrera 44. El presidente Gustavo Petro, por su parte, informó de la captura de alias Sebastián, presunto integrante de la estructura del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, que estaría vinculado a este ataque.
“Pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, precisó el mandatario en su cuenta de X.
Entre la paz y la seguridad: un dilema histórico
El debate planteado por el procurador abre una discusión de fondo sobre el alcance y los riesgos de la política de “Paz Total”. La iniciativa del presidente Gustavo Petro busca negociar simultáneamente con diferentes estructuras armadas ilegales, pero los recientes atentados exponen la dificultad de avanzar en el diálogo mientras persisten acciones violentas que afectan directamente a la población civil y a la fuerza pública.
El llamado de Eljach a “fortalecer la fuerza pública de manera que recobre su capacidad para derrotar a los delincuentes” conecta con una demanda recurrente en la sociedad: que el diálogo sea un instrumento de consenso, pero nunca un sustituto de la acción estatal frente a la criminalidad.
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