Una pareja de adultos mayores fue hallada tras permanecer más de dos meses secuestrada en una zona rural de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca.
El operativo de rescate fue realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con el Gaula Militar Cundinamarca, el Gmteq No. 13 y la Fuerza Aérea Colombiana.
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Según información oficial, el secuestro ocurrió el pasado 28 de mayo, cuando cuatro hombres armados interceptaron a los esposos, de 65 y 60 años, al momento de llegar a su vivienda.
Los delincuentes los trasladaron a una zona boscosa del Páramo de Guerrero, donde los mantuvieron en cautiverio durante 81 días.
Durante ese tiempo, los secuestradores exigieron una suma considerable de dinero a cambio de la liberación de las víctimas.
La diligencia se produjo en la madrugada del 17 de agosto, luego de que el Ejército Nacional intensificara su presencia en el área.
Ante la presión militar, los secuestradores abandonaron el lugar y dejaron en libertad a los adultos mayores. Horas después, una comisión del CTI y del Gaula Militar localizó a la pareja en un cambuche, donde permanecían atados de pies y manos.
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La Fiscalía General de la Nación informó que avanza en las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables de este doble secuestro.
Las autoridades no han revelado detalles sobre la identidad de los secuestradores ni sobre el estado de salud de las víctimas tras su rescate.
Dos soldados fueron liberados luego de dos meses de cautiverio en Cúcuta
Después de más de cuatro meses de cautiverio, el miércoles 20 de agosto, se oficializó la liberación de los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, quienes habían sido secuestrados el pasado 9 de abril en el barrio Colinas del Tunal, en Cúcuta, departamento de Norte de Santander.
La liberación se concretó gracias a la intervención de una comisión humanitaria de Naciones Unidas, que logró gestionar exitosamente la entrega de los militares tras extensas labores de mediación.
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A través de un video difundido en redes sociales, miembros del ELN reconocieron su responsabilidad en el secuestro y declararon: “Gracias a los buenos oficios de la comisión humanitaria habilitada para la liberación, se entregan sanos y salvos los dos militares”.
La información oficial establece que el secuestro ocurrió mientras los uniformados realizaban vigilancias en respuesta a denuncias por extorsión en la zona. Durante estas operaciones, y en medio de un intento de asonada, los soldados fueron interceptados por hombres armados desplazándose en motocicletas, quienes los trasladaron a un lugar desconocido.
La reacción de las fuerzas estatales no se hizo esperar. El Ejército Nacional y la Policía desplegaron de inmediato, operativos de búsqueda y exigieron públicamente al grupo armado el regreso de sus efectivos. “Este Comando rechaza y condena el delito del secuestro. Este hecho atenta de manera contundente contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, expresó la institución castrense en un comunicado emitido en abril.
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El desenlace positivo fue recibido con alivio por las familias de los soldados y la comunidad de Cúcuta, que ha padecido el asedio de grupos armados ilegales en varias zonas urbanas y rurales. No obstante, la problemática persiste, la Defensoría del Pueblo reiteró el miércoles su exhortación al ELN para que ponga en libertad a las aproximadamente 60 personas que permanecen secuestradas en regiones como Catatumbo y Arauca, territorios donde la insurgencia mantiene una fuerte presencia.
Diversos organismos de derechos humanos advirtieron que el secuestro es utilizado por el Eln como mecanismo de presión política y financiera, pese a que constituye una violación grave del derecho internacional humanitario.
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