“700.000 votos no contados en el conteo inicial”, fue la cifra que el presidente Gustavo Petro destacó como ejemplo de las fallas estructurales que, a su juicio, afectan la transparencia de los procesos electorales en Colombia.
Durante su intervención en el XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, organizado por la Corte Constitucional, el mandatario subrayó que esta situación solo pudo corregirse en las mesas de escrutinio gracias a la presencia de cuidadores, una estrategia que, según explicó, se inspiró en la experiencia del partido Mira. Petro sostuvo que, aunque esta acción evitó la pérdida del 25% de los votos al Senado, el Pacto Histórico habría perdido dos curules por este motivo.
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En ese contexto, el primer mandatario manifestó serias dudas sobre la transparencia de las elecciones de 2026 debido a la participación de la empresa Thomas Greg & Sons en la logística electoral. Según Petro, la continuidad de esta firma en la operación del software de escrutinio y la entrega del kit electoral perpetúa riesgos de opacidad y limita la capacidad de auditoría ciudadana y partidista sobre los algoritmos utilizados.
Incluso, fue enfático al señalar: “Sigue siendo lo mismo, nos dejan manejar los computadores, pero no podemos auditar los algoritmos”. En su análisis, la empresa responsable del software en el caso Mira, que también fabrica los pasaportes en Colombia, continúa operando sin que su sistema sea auditable, a pesar de los cambios ordenados por la justicia.
Frente a este panorama, Petro anunció la reasignación de recursos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para fortalecer el control sobre el software de escrutinio y garantizar la presencia de veedores en cada mesa.
“Voy a desplazar la partida del Consejo Nacional Electoral para que ayude, dado que no hay reforma al código electoral, a que se controlen los softwares y haya de verdad alguien en cada mesa”, afirmó el mandatario.
Las declaraciones del presidente Petro, en las que cuestionó la transparencia y fiabilidad del sistema electoral, provocaron una reacción en cadena en el Congreso. Desde la Alianza Verde, la representante Katherine Miranda enfatizó la necesidad de preservar la confianza institucional: “Apoyo y confianza total a la Registraduría Nacional. Aquí que el presidente cuestione sin prueba la transparencia de la entidad electoral, no solo es irresponsable, sino erosiona la confianza ciudadana y debilita la democracia”.
El senador liberal Alejandro Carlos Chacón se sumó a la defensa del sistema, destacando su historial de fiabilidad: “Hay que confiar en nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral es seguro, es confiable y lo ha venido demostrando. Aun en el caso del Pacto Histórico está demostrado cuando, mediante los mecanismos del propio sistema, devuelve una votación dentro de escrutinios”.
Por su parte, la representante Jennifer Pedraza advirtió sobre las consecuencias de alimentar dudas infundadas respecto al proceso electoral. Según su análisis, los cuestionamientos presidenciales contribuyen a un clima de tensión: “Lo que hacen más bien es empezar a crear un ambiente muy agresivo y mucho más violento, seguir echándole leña al fuego de la crítica situación en la que está hoy la democracia colombiana, pero un segundo punto que se me viene a la cabeza es, tengo la sensación de que esta es un tomo dos o una segunda versión de la narrativa del golpe de Estado”.
En contraste, desde el Pacto Histórico, la crítica se centró en la falta de transparencia tecnológica. El representante Alejandro Ocampo cuestionó la imposibilidad de auditar el software electoral, propiedad de una empresa privada, y sugirió que los recursos invertidos permitirían adquirir varias soluciones propias.
“No hay confianza en los resultados y en los escrutinios, y no hay confianza porque no se puede auditar un software que es de propiedad privada cuando con toda la plata que nos hemos gastado con Thomas Greg hayamos podido comprar cinco software”. Este argumento introduce el debate sobre la soberanía tecnológica y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y auditoría en los procesos electorales.
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