Canciller Rosa Villavicencio criticó a Nicaragua por asilo a Carlos Ramón González: “No es un mecanismo para favorecer la impunidad”

Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, se pronunció nuevamente sobre la reciente decisión del Gobierno de Nicaragua de conceder asilo político a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre).

El exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un proceso judicial por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), en la que habría ordenado pagos ilegales a congresistas a través de la entonces consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, con el fin de asegurar apoyo legislativo para el Ejecutivo.

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En diálogo con el programa de televisión El calentao informativo de Rtvc Sistema de Medios Públicos, la funcionaria recalcó que los delitos que le fueron imputados por la justicia colombiana no tienen naturaleza política y afectan directamente a la administración pública.

“Este proceso judicial que enfrenta este señor, está consagrado todas esas garantías en nuestro ordenamiento jurídico, en la Constitución Política y por eso, debía regresar”, expresó la canciller colombiana al espacio informativo.

Además, Villavicencio recalcó que Carlos Ramón González “enfrenta un proceso penal por delitos de cohecho, por dar u ofrecer peculado, por apropiación agravado a favor de terceros y lavado de activos (...) y estas conductas punibles no son políticas ni son menores y afectan directamente a la administración pública y a la transparencia institucional propias del estado social de derecho”.

Del mismo modo, la ministra enfatizó que la concesión de asilo en este contexto contraviene el espíritu del acuerdo bilateral, cuyo objetivo es impedir la impunidad y fortalecer la cooperación judicial entre los Estados.

“El asilo no debe favorecer en ningún momento la impunidad y que, reconociendo y respetando la institución del asilo como una figura de protección para personas y ciudadanos que sean perseguidos políticos y que deban salvaguardar su vida; pero estos instrumentos internacionales no pueden ser aplicables a procesados por delitos comunes”, declaró al citado medio de comunicación.

Igualmente, recordó casos en los que esta figura fue mal utilizada por ciudadanos colombianos en el exterior. “Esta figura, a veces mal usada, nos ha traído grandes problemas. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, donde cantidad de ciudadanos colombianos que emigraban allí solicitaban asilo, y eso nos llevó a que Inglaterra nos pusiera un visado (...) no entendemos que pretender extender el asilo, con una interpretación errada en este caso, lleva a desnaturalizar la esencia de lo que es la institución del asilo”, indicó.

Por último, Rosa Villavicencio instó al régimen de Daniel Ortega a cumplir con el tratado de 1929 y a colaborar activamente en la lucha contra la corrupción.

“Hay un tratado de extradición firmado con Nicaragua en 1929 que establece que los Estados se obligan, respecto de las personas procesadas por delitos comunes, a evitar que sus territorios se conviertan en refugio (...) llamamos a la cooperación judicial a Nicaragua para que aplique ese tratado y lo exhortamos respetuosamente para que cumpla las obligaciones internacionales que es cooperar en la lucha contra la corrupción y abstenerse de otorgar protección a individuos investigados por delitos graves”, concluyó.

Carlos Ramón González había sido imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor a terceros y lavado de activos.

Las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio se suman al comunicado conjunto entre el Ministerio de Justicia y de Relaciones Exteriores de Colombia en la que señalaron que la investigación contra el exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) no son de carácter político sino por delitos comunes, por lo que exigió su extradición hacia territorio colombiano.

“En virtud de dichos instrumentos internacionales, este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos”, precisaron en el comunicado.

Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, insistió en diálogo con Blu Radio que el asilo solo “se puede conceder cuando existen razones políticas”.

De igual forma, agregó que “el asilo solo se puede conceder de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en general a instrumentos internacionales cuando existen razones políticas, más exactamente cuando se trata de delitos comunes vinculados con delitos políticos o delitos políticos”.