Autoridades quieren intervenir operaciones financieras del prófugo Carlos Ramón González: habría realizado millonarias transacciones inmobiliarias

Las autoridades colombianas estarían evaluando medidas para revertir transacciones inmobiliarias y financieras realizadas por Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), actualmente prófugo en el extranjero.

Estas acciones se dan en medio del escándalo por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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González, señalado como el supuesto “jefe supremo” de la red de corrupción que desvió recursos destinados a emergencias y financió sobornos a congresistas, habría realizado múltiples movimientos patrimoniales antes de salir del país.

Según investigaciones de la Fiscalía y reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), entre el 1 de enero de 2019 y el 3 de septiembre de 2024 se detectaron al menos 22 movimientos en efectivo con inconsistencias en la procedencia de los fondos.

Entre las operaciones que hoy despiertan mayor atención está la venta de un apartamento de alto valor en el norte de Bogotá, realizada junto con su esposa, Luz Dana Leal, a su hija Tania América González Millán, y la cesión de otra propiedad a Leal por montos superiores a 1.200 millones de pesos.

Expertos penalistas advierten que estas transacciones podrían haber sido diseñadas para simular insolvencia y eludir eventuales embargos o reparaciones a las víctimas.

“Cualquiera de las alegadas víctimas podría acudir a un juez de control de garantías para pedir que se congelen y revisen esas transacciones para establecer si fueron simuladas”, explicó el penalista Francisco Bernate al El Tiempo.

Por su parte, el abogado constitucionalista Germán Calderón España añadió que, en caso de una condena, los bienes de González podrían ser objeto de extinción de dominio si se demuestra que fueron adquiridos con recursos ilícitos o contaminados por el delito, garantizando así la reparación a las víctimas, declaró al medio citado.

El patrimonio bruto de González, declarado en 2021, supera los $12.508 millones e incluye 18 bienes inmuebles distribuidos entre Bogotá, Girón (Santander), San Francisco y Sopó (Cundinamarca), además de participaciones en empresas y corporaciones con contratos de comedores comunitarios en la capital.

Las autoridades distritales han previsto planes de contingencia para garantizar la continuidad de estos servicios en caso de una condena, asegurando la alimentación de cerca de 850 beneficiarios en las localidades de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.

La Fiscalía ha imputado a González cargos por peculado por apropiación, cohecho y lavado de activos, en un proceso que también involucra a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, actualmente en prisión.

Según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, González habría ordenado pagos de sobornos por cuatro mil millones de pesos para asegurar el respaldo de al menos quince congresistas en la aprobación de reformas del Gobierno.

Además, González y su familia realizaron transacciones inmobiliarias poco antes de que la Fiscalía solicitara su imputación: en septiembre de 2024 vendieron un apartamento en El Chicó por $675 millones y otro inmueble en el norte de Bogotá por $550 millones, operaciones que hoy podrían ser reversadas por orden judicial.

Estas maniobras han generado preocupación sobre la posibilidad de ocultar activos y evadir responsabilidades legales.

El exdirector del Dapre y de la DNI también ha mantenido operaciones y movimientos societarios.

Dansgold S.A.S., dedicada al negocio inmobiliario y registrada en Bogotá desde 2012, experimentó múltiples cambios en su estructura accionaria y administrativa entre 2023 y junio de 2025, según la investigación de El Tiempo.

El 25 de abril de 2023, González renunció como representante legal suplente de Dansgold S.A.S., cinco días antes de asumir la dirección del Dapre, aunque retuvo el control mayoritario de la empresa con el 55 % de las acciones hasta el 17 de abril de 2024.

En esa fecha, durante una reunión en la sede de la Corporación para la Atención y Diagnóstico de Enfermedades Milagroz —entidad presuntamente vinculada a González— él y su esposa acordaron modificar los estatutos para facilitar la cesión de acciones.

Posteriormente, el 31 de marzo de 2025, la composición accionaria quedó distribuida entre Luz Dana Leal (45 %), Tania América González Millares (18,5 %), Danna Camila González Millares (18,25 %) y Juan David González Leal (18,25 %).

Según el medio citado, Dansgold S.A.S. posee 16 inmuebles y activos superiores a 15.000 millones de pesos, además de haber realizado un aporte de 700 millones a la campaña de la Alianza Verde en 2022 mediante un préstamo documentado con pagaré.

González figura también como propietario de varios bienes adicionales, entre ellos una casa en Lagos del Cacique en Bucaramanga, una oficina en el Centro Empresarial Bussiness Park del barrio Sotomayor, dos lotes en Puente Nacional (Santander), otro en Zipaquirá y un apartamento en Montevideo, Bogotá, algunos registrados a nombre de su esposa.

El alcance de sus actividades trasciende el sector inmobiliario. Según información recabada en Secop II y en el Portal Anticorrupción (Paco) de la Presidencia, González está vinculado a las corporaciones Sor Teresa de Calcuta y Asis, entidades sin ánimo de lucro dedicadas a “actividades de asistencia social sin alojamiento” y al procesamiento y venta de alimentos.