La reforma laboral, sancionada a finales de junio de 2025 por el presidente Gustavo Petro, enfrentaría un duro revés en la Corte Constitucional por la viabilidad de algunos de sus artículos contemplados en la nueva ley.
Así lo comentó el exsenador y hoy precandidato presidencial David Luna que, en sus redes sociales, denunció un artículo que, para él, no beneficiaría a los trabajadores colombianos sino a los criminales, narcotraficantes y corruptos que se encuentran en centros penitenciarios del país.
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El artículo al que hace referencia el excongresista es el número 19, que consiste en que en el caso de las personas privadas de la libertad, por cada tres días de trabajo, se descuentan dos días de la condena. Anteriormente, la normativa colombiana estipulaba que, por cada dos días de labores, se descontaba un día de la pena privativa.
“El Gobierno coló un orangután en la reforma laboral: un artículo que nada tiene que ver con los trabajadores, pero que sí favorece a corruptos y narcos. Antes, la ley decía que por 2 días de trabajo, se descontaba 1 día de cárcel. Ahora, con el artículo 19, por 3 días de “trabajo”, se descuentan 2 días de condena. ¿El resultado? Con un año de trabajo, ya no se descuentan 6 meses, sino 8 meses de cárcel”, explicó el hoy aspirante presidencial en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.
Del mismo modo, David Luna calificó este punto de la reforma laboral como un “mico”, al considerar que se estaría perjudicando a los trabajadores del país.
“Esto no tiene nada que ver con la reforma laboral. Es un mico metido para cumplirle a los delincuentes del Pacto de la Picota, disfrazándolo de “experiencia laboral”. Mientras los colombianos esperan soluciones para el empleo y la seguridad, legislan para abrirle la puerta a la impunidad”, comentó.
Por último, el exsenador de Cambio Radical aseguró que acudirá a la Corte Constitucional para que se anule este artículo incluido en la ley firmada por el presidente Gustavo Petro.
“Vamos a demandar esta misma semana este orangután ante la Corte Constitucional. Colombia necesita justicia real, no privilegios para delincuentes”, concluyó.
Otras demandas contra la reforma laboral
Esta no sería la primera vez que la nueva ley laboral en Colombia sea demandada ante la justicia.
Tras la sanción presidencial en junio de 2025, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), había manifestado su intención de demandar la normativa, al considerar que el proceso de aprobación incurrió en presuntas irregularidades constitucionales.
También, el gremio sostiene que la norma fue promulgada sin la debida concertación con los sectores productivos, un requisito legal que, según su interpretación, debió cumplirse a través de la Comisión Tripartita de Concertación Laboral. Esta omisión, a juicio de la organización, vicia el procedimiento y justifica la vía judicial.
“La reforma laboral fue un premio de consolación que el Senado le regaló al Gobierno por miedo a una consulta popular (...) Nos quedamos con una reforma laboral nefasta que van a pagar los pequeños y medianos empresarios, los panaderos, los tenderos, los hoteles y restaurantes”, explicó el presidente de Fenalco durante un foro empresarial.
De igual manera, Cabal reconoció que, aunque la única opción inmediata es adaptarse a la nueva legislación, el proceso será complejo y exigirá cambios profundos en la gestión de recursos humanos.
El efecto de la reforma trasciende el ámbito empresarial. Fenalco advirtió que los hogares colombianos enfrentarán un aumento en los costos de servicios como la seguridad y la vigilancia en conjuntos residenciales, consecuencia directa de la obligación gubernamental de ajustar las tarifas mínimas del sector.
Esta medida, incluida en el texto final de la reforma, busca garantizar que los nuevos costos laborales se reflejen en los precios, pero según el gremio, termina por trasladar la carga financiera a los consumidores finales.
En paralelo, Fenalco subrayó que la caída de la inversión extranjera, que registró una reducción del 25,2% frente al mismo periodo de 2024, refleja el deterioro del clima de confianza en el país. El gremio atribuye este descenso al contexto de incertidumbre generado por las reformas impulsadas por el Gobierno.
“Los empresarios tenemos que estar atentos y abrir los ojos, porque esa amenaza puede hacer que Colombia no haya elecciones en el 2026 y que este Gobierno se quiera perpetuar en el poder buscando cualquier excusa de una confusión interior o de una situación de seguridad como la que está viviendo Colombia”, puntualizó.
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