La próxima reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro apunta a recaudar $26,3 billones, según confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al detallar que la iniciativa se presentará en días ante el Congreso.
El ministro informó que la propuesta se enfocará en el incremento de la carga impositiva sobre el consumo de productos como licores y tabaco, así como una revisión profunda de los rangos y factores de IVA para bienes principales de las personas de mayores ingresos.
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El anuncio fue realizado por Ávila durante la presentación del proyecto de presupuesto para 2026, precisando que la reforma tributaria ―denominada también Ley de Financiamiento― incluirá modificaciones al IVA, a los impuestos de renta y patrimonio, e impulsará tributos adicionales sobre alcohol y cigarrillos.
El funcionario justificó estas modificaciones con el argumento de que los productos a gravar generan “externalidades negativas”.
En las declaraciones del jefe de la cartera de Hacienda se destacó: “El proyecto busca una revisión integral de los beneficios fiscales asociados al IVA que favorecen el consumo de bienes y servicios por parte de los estratos de mayores ingresos”.
Según explicaciones ante las comisiones económicas del Senado y la Cámara, el Gobierno busca mejorar la progresividad tributaria y asegurar nuevas dinámicas para el impuesto al carbono y al consumo, ampliando el espectro de los denominados impuestos saludables.
El ministro subrayó que la reforma atenderá el carácter inflexible del gasto público, que en 2026 proyecta una suma de $509 billones. La principal presión sobre el presupuesto nacional reside en los costos de la deuda y los gastos de funcionamiento del Estado, elevando el presupuesto total a $557 billones. El déficit presupuestal por cubrir asciende a $39,6 billones según Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado.
Entre los elementos claves del proyecto se plantea que los principales productos básicos de la canasta familiar no serán afectados, asegurando la protección de la población vulnerable ante posibles incrementos en su costo de vida.
El enfoque de la reforma, enfatizó Ávila, reside en la revisión de los beneficios tributarios del IVA y el ajuste en los impuestos aplicables al consumo de bienes considerados no esenciales o con alta carga fiscal para la salud pública.
La nueva legislación contempla un capítulo dirigido a gravar el consumo de vapeadores u otros dispositivos similares, además del endurecimiento de los impuestos ya existentes sobre bebidas alcohólicas.
Aunque estos productos han pagado tributos incrementados desde la Ley de Licores de 2016, la propuesta actual prevé actualizar tarifas y ampliar la base gravable en función de los daños sociales y sanitarios asociados a su consumo.
Según datos presentados por Ávila ante el Congreso, la estrategia tributaria está alineada con el compromiso gubernamental de retornar a la senda del cumplimiento de la regla fiscal. El ministro expuso el impacto que tendría para el aparato estatal dejar de aplicar la cláusula de escape de la Regla Fiscal: el ajuste necesario alcanzaría el 3,6% del PIB en 2026, lo que implicaría, en sus palabras, “una parálisis del aparato estatal”.
Las estimaciones oficiales prevén una caída del PIB de 1,8 puntos porcentuales en el primer año y de 0,6 puntos para el siguiente, además de aumentar la inflación y el desempleo, y reducir la recaudación tributaria.
El gasto del Estado, uno de los motores de la política fiscal, ha destinado recientemente $80 billones a subsidios a la gasolina mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), mientras que otros $18,2 billones han cubierto subsidios de energía y gas.
Este flujo de recursos presiona de modo significativo las cuentas públicas e incide en el objetivo de fortalecer la sostenibilidad fiscal.
La progresividad de los impuestos constituye otro de los puntos centrales; según la nueva redacción que prepara el Ministerio de Hacienda, se plantea aumentar la carga fiscal sobre las personas con mayores patrimonios y modificar los umbrales actuales del impuesto de renta.
La estructura de tributación sobre el carbono, el impuesto al consumo y los llamados impuestos saludables también recibirá un ajuste para contribuir al propósito de una política fiscal equilibrada.
Durante la puesta en marcha de la discusión del Presupuesto 2026, el ministro reiteró que “el detalle total de la ley de financiamiento será revelado con la radicación oficial de la propuesta”, acto que se realizará en los próximos días ante el Congreso.
La administración nacional espera que, con la aprobación de este marco normativo, se asegure la financiación de los proyectos estatales, como el mantenimiento de subsidios sociales y las inversiones esenciales para el país.
El debate en el Legislativo recogerá las preocupaciones señaladas por diferentes bancadas sobre el riesgo de un nuevo desbalance presupuestal, ante la posibilidad de que el presupuesto de 2026 se tramite por decreto.
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