El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (Fasol) elevó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar medidas cautelares para proteger la vida e integridad de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, luego de que emitiera el fallo condenatorio de doce años en prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En un comunicado, la organización detalló que la magistrada encargada del proceso judicial del exmandatario, en la que halló culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, ha sido blanco de presiones, campañas de estigmatización y amenazas de muerte.
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“Colombia debe saber que la violencia contra el poder judicial no ha cesado: en los últimos tres años cada nueve días ha habido un ataque contra jueces, fiscales y empleados y ese contexto de barbarie creado por diferentes actores violentos ha significado 1.487 episodios consistentes en asesinatos, desapariciones forzadas secuestros, amenazas y exilios con un trasfondo que busca obstruir la acción de la justicia, lo cual quedó debidamente acreditado en el informe final de la Comisión de la Verdad”, expresó Fasol en el comunicado.
Además, enfatizaron en que la violencia contra el poder judicial en Colombia persiste y que los ataques sistemáticos contra jueces y funcionarios judiciales constituyen una estrategia para obstaculizar la labor de los tribunales, como lo documentó la Comisión de la Verdad.
“Esta solicitud de protección se presenta con ocasión de la arremetida intimidante de que ha sido y sigue siendo víctima la jueza Heredia Aranda que en un contexto de mensajes de odio aupado por la polarización política que vive el país puede constituir el principio de cumplimiento de las amenazas que a través de diferentes medios ha recibido y que buscan en el fondo amordazar a la justicia a fin de que no se investiguen y sancionen las conductas punibles cometidas por encumbrados personajes de la política nacional”, agregaron.
Presiones mediáticas a la jueza Sandra Heredia
Del mismo modo, Fasol también denuncia la presión mediática y en redes sociales que ha puesto en riesgo la seguridad y la independencia de la jueza Heredia Aranda, considerando que las declaraciones de alto tono provenientes del procesado, sus allegados, actores políticos y hasta de representantes de gobiernos extranjeros, han contribuido a un clima de hostilidad que amenaza las garantías para el ejercicio de la función judicial.
“Las decisiones de los jueces deben respetarse y han de ser cuestionadas a través de los recursos que establece el ordenamiento jurídico, y ello implica el cese de los ataques mediáticos y en redes sociales dirigidos a amenazar la independencia judicial y las garantías para el ejercicio de las funciones y la seguridad de la doctora Heredia Aranda”, sostiene el comunicado.
Igualmente, Fasol distingue entre la crítica legítima a las decisiones judiciales y la desnaturalización de ese derecho cuando se recurre a la descalificación personal y a los mensajes de odio.
El fondo alerta que, tras la sentencia contra el expresidente Uribe Vélez, se ha desplegado una campaña de desprestigio y difamación contra la jueza, en la que se le atribuyen calificativos como “aliada de la insurgencia armada” o “incondicional del actual gobierno”.
El organismo recalca que la condena contra Uribe se dictó tras un proceso penal extenso y garantista para todas las partes involucradas.
En su comunicado, Fasol exige el cese inmediato de las presiones indebidas y reclama que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, encargada de tramitar el recurso de apelación, pueda revisar la sentencia en un ambiente de civilidad, tranquilidad y seguridad, como corresponde en un Estado Democrático de Derecho.
“En observancia del respeto al Estado Democrático de Derecho deben cesar las presiones indebidas a fin de que en un marco de civilidad, tranquilidad y seguridad la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá a quien correspondió el trámite del recurso de apelación revise, como siempre lo hace, la decisión condenatoria tomada por la jueza de primera instancia”, detalló.
La organización concluye su petición a la Cidh invocando la protección urgente de la vida e integridad de la jueza Heredia Aranda y de su familia.
“Solicitamos al Gobierno nacional que se tomen medidas urgentes y eficaces que preserven la integridad de la jueza y a la Fiscalía General de la Nación que investigue con prioridad e inmediatez la denuncia presentada por ella y que hace relación a los hostigamientos y amenazas de que ha sido objeto. Esto no da espera”, remata el comunicado.
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