
En medio de la controversia por la residencia legal de Carlos Ramón González en Nicaragua, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló en La W Radio sobre el alcance de las decisiones diplomáticas y las versiones que han circulado en los últimos días.
Benedetti aseguró que no hubo participación del presidente Gustavo Petro ni de la Cancillería en la solicitud que permitió al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) permanecer en ese país centroamericano.
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González, quien se encuentra prófugo tras la orden judicial por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha sido señalado de recibir apoyo para conseguir residencia en Managua, lo que provocó fuertes reacciones políticas. La discusión escaló luego de que Petro divulgara un correo donde consta que el Estado colombiano pidió su extradición.
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Benedetti explicó que el Gobierno nunca buscó favorecer al exfuncionario. En sus palabras, “aquí hay una malinterpretación de la realidad, como muchas veces ha sucedido con este Gobierno: Nicaragua no es que sea amiga del Gobierno de Colombia”.
De acuerdo con el ministro, la administración de Daniel Ortega tampoco ha tenido vínculos estrechos con el movimiento M-19, ni siquiera durante el periodo en que esa organización firmó la paz en Colombia. Para él, la narrativa de un respaldo mutuo carece de fundamento. Según expresó, ese distanciamiento político marcó un quiebre en la llamada “llama revolucionaria” que se promovía en América Latina.
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Con esta aclaración, Benedetti descartó que existiera una intención oficial de encubrir a González en territorio nicaragüense. En su intervención en La W, reiteró: “No crean que Ortega es amigo de este Gobierno ni que estamos buscando cómo esconder a alguien”.
Las declaraciones del ministro se dieron tras la revelación de León Fredy Muñoz, exembajador de Colombia en Managua, quien señaló que González llegó a hospedarse en su residencia diplomática. Esa afirmación desató cuestionamientos sobre la posible participación de instancias del Ejecutivo en la protección del exdirector del Dapre.
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Frente a esa versión, Benedetti precisó: “Voy a ser un poco atrevido e impulsivo en la respuesta y decir que eso lo hizo a título personal. Pero que haya habido una orden del presidente Petro, (eso no). Yo no me imagino al presidente Petro llamando a un embajador para este tipo de cosas”.
El jefe de la cartera política recalcó que, por lo que conoce del estilo de trabajo del presidente, las comunicaciones directas con embajadores son muy inusuales y solo ocurren en circunstancias muy específicas. En ese sentido, insistió en que la supuesta coordinación desde la Casa de Nariño para facilitar la estadía de González en Nicaragua no corresponde a la realidad.
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La situación de González sigue siendo uno de los temas más sensibles en la agenda pública. El exdirector del Dapre está requerido por la justicia por su presunta participación en hechos de corrupción asociados a la UNGRD. Desde que se conoció su permanencia en Managua, diferentes sectores han pedido claridad sobre el papel del Estado colombiano en los trámites migratorios.

Benedetti, en su entrevista radial, buscó cerrar esa discusión resaltando que la Cancillería no gestionó procedimientos encaminados a garantizarle beneficios en Nicaragua. Al mismo tiempo, reiteró la posición del Gobierno de solicitar formalmente su extradición.
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El ministro también fue consultado sobre las tensiones diplomáticas que este caso podría generar con el gobierno de Ortega. Al respecto, sostuvo que las decisiones que ha tomado Colombia se enmarcan en los canales institucionales, y que lo fundamental es atender la solicitud de las autoridades judiciales que requieren a González en el país.
En cuanto al exembajador Muñoz, Benedetti volvió a subrayar que sus actuaciones no reflejan una instrucción presidencial ni un lineamiento oficial de la Cancillería. Las palabras del ministro fueron tajantes al remarcar la autonomía con que actuó el entonces diplomático.
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Este episodio se suma a otros pronunciamientos recientes de figuras políticas sobre la residencia de González en Managua. El presidente Petro ha reiterado que su Gobierno no tuvo responsabilidad en ese trámite y que lo que corresponde ahora es que la justicia avance en los procesos.
Benedetti cerró su intervención señalando que el Ejecutivo mantiene como prioridad garantizar que los casos de corrupción sean esclarecidos por la justicia y que ninguna acción gubernamental puede interpretarse como un intento de obstaculizar dichos procesos.
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