
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la detención de los dos topógrafos colombianos por parte de las autoridades peruanas en la isla de Santa Rosa, bajo el argumento de que se encontraban adelantando labores en contra de la soberanía de ese país. El hecho se generó como parte de la polémica en la que el Gobierno colombiano reclamo como parte de su territorio esa población que históricamente se ha reconocido como parte del vecino país.
A través de un comunicado, la entidad expresó su preocupación y aclaró que los colombianos detenidos se encontraban realizando técnicas en la zona fronteriza cuando fueron abordados para posteriormente ser privados de su libertad y puestos a disposición de la Fiscalía Provincial Penal del Perú para adelantar las respectivas investigaciones en su contra.
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“Expresamos nuestra preocupación por la situación que enfrentan los dos ciudadanos colombianos, identificados como Carlos Fernando Sánchez Ortegón y John Willington Amia López, quienes fueron detenidos por autoridades peruanas en la Isla Santa Rosa bajo señalamientos relacionados con la presunta violación de la soberanía extranjera“, dicta el documento de la entidad.
A su vez, la institución en cabeza de la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado a la Cancillería y demás instancias consulares competentes para que adelanten las gestiones necesarias para realizar el acompañamiento y la asistencia pertinente a los ciudadanos nacionales, por lo que destacó que se deben garantizar sus derechos humanos, sumado al respeto de la debida defensa y las condiciones dignas hasta que se produzca su retorno a territorio colombiano.

Su llamado también fue dirigido a las demás instituciones y figuras políticas para que se refieran al caso de los ciudadanos detenidos de manera prudente y responsable, dada la relevancia que una mala declaración puede generar para las relaciones diplomáticas con ese país.
“En este contexto, solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las instancias consulares competentes que, de manera urgente, se adelanten las gestiones necesarias de asistencia y acompañamiento a estos ciudadanos, con el fin de garantizar el respeto a sus derechos humanos, el acceso a la debida defensa y condiciones dignas durante su permanencia en el exterior, así como su retorno a Colombia“, expresó el documento.
Seguidamente, la entidad precisó que cualquier diferencia con ese país debe ser tratado por medio de los canales oficiales dispuestos por cada país y a través de los tratados internacionales vigentes con el fin de evitar mayores consecuencias que puedan afectar a la población de las zonas de frontera.

Adicionalmente, reiteraron su disposición para aportar, de manera articulada con otras instituciones, al esclarecimiento de los hechos que rodearon la detención de los colombianos en ese país, así como para salvaguardar la integridad y garantizar los derechos de todos los colombianos que se encuentran fuera del territorio nacional.
“Asimismo, hacemos un llamado a la prudencia y responsabilidad de las autoridades y de las personas con visibilidad pública al referirse a temas sensibles en zonas de frontera. Estas situaciones deben canalizarse a través de los mecanismos diplomáticos y de los tratados internacionales vigentes, a fin de evitar consecuencias que puedan afectar a las poblaciones que habitan en territorios limítrofes de dos países hermanos“, explicó la entidad.

Finalmente, solicitaron a las autoridades peruanas que el caso que involucra a ciudadanos colombianos sea tratado con las mayores garantías procesales y que se le dé estricto cumplimiento a los estándares internacionales de protección de derechos humanos, por lo que reiteró su compromiso de acompañar a todos los colombianos que enfrentan situaciones judiciales en el extranjero que comprometen su seguridad, libertad e integridad.
“Desde la Defensoría del Pueblo pedimos que este caso sea tramitado con las debidas garantías procesales, en estricto cumplimiento de los estándares internacionales de protección de derechos humanos, y reafirma su compromiso de acompañar a los connacionales en el exterior frente a las situaciones que comprometen su libertad y seguridad“, concluyó el documento.
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