Arrestado colombiano que tramitaba la ‘green card’ en Miami: “Son para quienes cumplen la ley, no para quienes la infringen”

Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue arrestado en Miami (estado de Florida) cuando intentaba avanzar con su solicitud de residencia permanente en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), localizadas en la zona de Kendall.

La intervención se produjo después de que los funcionarios de migración hicieran una revisión de sus antecedentes en el sistema, y en ese momento detectaron una orden final de deportación emitida por las autoridades estadounidenses en julio de 2004 y que seguía vigente.

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Según informó el propio Uscis a través de una publicación en la red social X, en la inspección rutinaria del expediente del solicitante apareció un proceso abierto en su contra con más de 20 años de antigüedad.

El hallazgo provocó que los agentes del organismo migratorio notificaran de inmediato al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que procedió a la detención del ciudadano colombiano.

En el mensaje oficial se incluyó además una imagen con el texto: “Las green cards son para quienes cumplen la ley, no para quienes la infringen”, una frase que da cuenta de la rigurosa política restrictiva para los ciudadanos que cuentan con antecedentes por violaciones a la legislación migratoria.

El caso ha puesto de relieve el funcionamiento de los procesos internos de verificación en las oficinas de inmigración. Los controles de migración pueden identificar órdenes de deportación activas independientemente del paso del tiempo desde su emisión.

Según la firma Curbelo Law, existen mecanismos concretos para confirmar ese estatus legal:

• El primero es solicitar los registros migratorios personales a través de la Freedom of Information Act (Ley de Libertad de Información, o Foia, por sus siglas en inglés), y permite acceder al expediente migratorio oficial.
• El segundo consiste en consultar la información con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (Eoir), disponible para personas que cuentan con un “número de extranjero” asignado durante procesos previos, señaló un informe del diario argentino La Nación.
• La tercera recomendación es acudir a un abogado especializado, capaz de revisar el historial y orientar los pasos en caso de que se detecten problemas legales.

La eventual existencia de una orden de expulsión no necesariamente implica que la deportación sea el único desenlace.

En algunas circunstancias quienes enfrentan una orden vigente pueden recurrir a diversas opciones legales.

El sistema migratorio estadounidense contempla alternativas como la reapertura del caso frente a un juez, la solicitud de asilo, la petición de ciertas visas especiales o el ajuste de estatus por vínculos familiares directos, por ejemplo el matrimonio con un ciudadano estadounidense, siempre que se cumplan las condiciones legales establecidas.

Estas alternativas requieren trámites judiciales y administrativos complejos, y la asesoría de un abogado con experiencia resulta determinante para evaluar cada posibilidad.

El procedimiento normal tras la emisión de una orden de deportación dicta un plazo para abandonar el país, que suele ubicarse entre 30 y 90 días desde la notificación oficial.

Si la persona afectada no cumple este requerimiento, puede verse expuesta a una detención, expulsión forzosa, restricciones en el reingreso a Estados Unidos durante un periodo de años, e incluso limitaciones para tramitar visados en el futuro.

Las consecuencias administrativas se consideran graves y pueden afectar de manera permanente las opciones de regularización migratoria.

Colombianos en Estados Unidos la piensan dos veces antes de violar la ley en este escenario

En situaciones en las que la orden de expulsión se dictó en ausencia del migrante —cuando la persona no se presentó a la citación judicial— la ley contempla la presentación de una moción para rescindir la orden si se acredita la inexistencia de la notificación adecuada o la existencia de errores materiales en el proceso.

El plazo estándar para apelar una decisión de deportación es de 30 días, mediante la presentación del formulario EOIR-26. Este recurso exige la fundamentación jurídica sólida así como la representación de un abogado, señaló la firma consultada.

Por otro lado, existen recursos menos conocidos que pueden beneficiar a algunas personas con órdenes antiguas. Uno de ellos consiste en la solicitud de cancelación de la expulsión si el inmigrante demuestra una presencia continua de al menos diez años y acredita el cumplimiento de otros supuestos legales, como buena conducta y la existencia de familiares ciudadanos o residentes permanentes legales.

Si un juez valida esta petición, la persona puede recibir la residencia permanente y, posteriormente, tener acceso a la naturalización.