Tres hombres deberán permanecer en prisión por su presunta participación en una explosión a un CAI de Cali

Tres personas identificadas como Neinyer Valencia Anizares, Darwin Daniel Flórez Suárez y José Luis Riascos Torres deberán permanecer en centro carcelario por su presunta responsabilidad en la activación de una motocicleta bomba frente al CAI del barrio Manuela Beltrán, en Cali, informó la Fiscalía General de la Nación.

El ataque registrado el 10 de junio de 2025 causó heridas a un peatón y generó daños considerables en la sede policial y otras edificaciones cercanas.

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Según la Fiscalía, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad tras acoger la solicitud hecha por la institución investigadora.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó cargos por terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa y daño en bien ajeno.

Los procesados Valencia Anizares, Flórez Suárez y Riascos Torres no aceptaron los cargos.

Según la investigación, los elementos materiales recabados vinculan a Valencia Anizares y Riascos Torres con labores de vigilancia para evitar la detección del artefacto explosivo, mientras que Flórez Suárez habría tenido a su cargo el transporte de la motocicleta cargada con explosivos hasta el barrio Manuela Beltrán, donde la entregó a otra persona para su ubicación definitiva.

La institución reiteró su compromiso con la investigación rigurosa de actos terroristas y la protección de la ciudadanía. Además, hizo un llamado a la comunidad para colaborar con información que permita avanzar en los procedimientos judiciales.

Cuatro personas fueron capturadas en operativo militar en Antioquia

Un operativo militar realizado en Antioquia el 17 de agosto de 2025 dejó como resultado la destrucción de siete unidades de minería ilegal y la captura de cuatro personas, acciones que generan un impacto económico cercano a los 100 millones de pesos para estructuras criminales dedicadas a la extracción ilícita de oro.

Las operaciones, ejecutadas por tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía, se desarrollaron en distintos sectores del departamento.

En un primer procedimiento llevado a cabo en las riberas del río Cauca, específicamente en las zonas de Valparaíso, Caramanta y La Pintada, uniformados del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara, junto al Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales, desarticularon cinco unidades dedicadas a la explotación ilegal de oro.

Entre la maquinaria incautada figuran cinco dragas tipo buzo, cuatro plataformas metálicas, seis motores diésel, una motobomba y un cilindro de gas. Estos equipos, según el Ejército, operaban constantemente para la extracción irregular de minerales.

En un segundo procedimiento desarrollado en la vereda La Cuesta, municipio de Barbosa, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 4 General Pedro Nel Ospina intervinieron una unidad minera, incautando motores, plataformas metálicas, motobombas y tubos de manguera PVC.

Durante este operativo fueron capturadas cuatro personas en flagrancia, quienes operaban la maquinaria sin autorización legal.

Autoridades señalaron que la minería ilegal no solo causa un grave daño ambiental en fuentes hídricas y suelos, sino que representa una de las principales fuentes de financiación para organizaciones criminales, incluido el Clan del Golfo.

Además, en acciones recientes en Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, la Décima Primera Brigada del Ejército y la Fiscalía destruyeron seis dragas, una excavadora, motores industriales y 300 galones de Acpm para afectar la logística de estructuras criminales que se lucran de esta actividad.

Paralelamente, durante un control en la vía Manizales–Fresno, en Tolima, la Policía incautó 32 armas de fuego que eran transportadas en una motocicleta, valoradas en 120 millones de pesos. El material habría tenido como destino la ciudad de Cali.

Un tercer operativo, realizado por tropas del Batallón de Selva N.º 57 y la Fiscalía en la vereda El Real en el municipio de El Bagre, permitió intervenir cuatro minas ilegales asociadas al Clan del Golfo.

En este punto, los soldados incautaron dos excavadoras, dos motores industriales, una clasificadora y 400 galones de ACPM.

Según las autoridades, la producción mensual de las minas ascendía a casi 15.000 gramos de oro, lo que representaba más de 6.000 millones de pesos en el comercio legal, recursos usados para fortalecer el aparato criminal del grupo armado.