Una denuncia ciudadana está circulando en las redes sociales, que incluye un video en el que se evidencia un trato desigual en la aplicación del Código de Tránsito en Girardot, Cundinamarca.
Sin embargo, lo que alegan los denunciantes, incluso, por medio de una veeduría, es que el hecho involucró al padre del alcalde municipal Salomón Said Arias, lo que generó molestia entre los ciudadanos.
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El hecho sucedió frente a la sede de la alcaldía municipal, donde el vehículo del señor “Fersar”, identificado con ese nombre por usuarios como el padre del alcalde, fue estacionado en zona prohibida sin que los agentes de tránsito procedieran a imponer la multa correspondiente ni inmovilizar el automóvil, pese a la existencia de señalización visible.
Aún así, no se han conocido pronunciamientos oficiales de la Alcaldía, ni se ha confirmado que, en efecto, se trataba del padre del alcalde, excepto lo que denuncian los ciudadanos.
Adicionalmente, la denuncia viral en la plataforma mostró un contraste que sí es evidente en el video, y es que una motociclista que también dejó su vehículo mal ubicado en la misma zona recibió una sanción inmediata, incluido comparendo y grúa por parte de las autoridades.
A raíz de esa diferencia de trato, la afectada reclamó a los agentes presentes: “¡Si no inmovilizan el carro del papá del alcalde, a mí tampoco!”.
En la pieza gráfica, el hombre que grabó dijo: “Lo que van a ver a continuación es un procedimiento de tránsito en la ciudad de Girardot. Mire, a la señora que está ahí se le llevan la motocicleta. Ahí está el prohibido parquear, pero la camioneta blanca que está ahí es del papá del alcalde. Entonces, como es el papá del alcalde, a él sí no le hacen comparendo y no se lo llevan, pues los ciudadanos reclaman airadamente”.
Mientras tanto se oyen voces de otros ciudadanos que confirman: “Es el papá del alcalde”. Mientras, el denunciante continúa: “Pero vean esto. Llega el papá del alcalde, le dan tiempo y este señor, arriesgando la vida y haciendo una maniobra peligrosa, sale en contravía. ¿Qué es esto, señores de tránsito? La ley es para todos, pero cómo es el papá del alcalde. Vean el video“.
La grabación muestra que solo la moto fue inmovilizada, mientras que el automóvil implicado se retiró de la zona en reversa y contravía, ante la vista de los funcionarios de tránsito.
En redes se leyeron algunos comentarios: “Como es el papá del niño alcalde de Girardot, la familia de él hace lo que se le da la gana y los agentes de tránsito prevaricaron en sus funciones, como la ven @miniteriodetrannsporte”.
La veeduría denunció públicamente un supuesto acto de prevaricato por omisión por parte del agente implicado, al no aplicar la ley de manera igualitaria y permitir que el vehículo relacionado con la familia del alcalde abandonara el lugar sin sanción.
Ciudadanos pueden denunciar el prevaricato de servidores públicos ante la Fiscalía y órganos de control
El prevaricato ocurre cuando un funcionario emite un dictamen, resolución o concepto abiertamente contrario a la ley —conocido como prevaricato por acción—, o cuando omite, retarda, rehúsa o niega el cumplimiento de un deber propio de su cargo, lo que constituye prevaricato por omisión.
En estos casos, la víctima puede dirigirse a la Fiscalía General de la Nación, donde se reciben denuncias de manera verbal o escrita. Las instalaciones habilitadas para estos trámites incluyen las Salas de Recepción de Denuncias, las Unidades de Reacción Inmediata (URI), los Centros de Atención a Víctimas y las Casas de Justicia.
El Ministerio de Justicia aclaró que, además de la Fiscalía, el ciudadano puede acudir directamente a los órganos de control como la Procuraduría General de la Nación, para solicitar la apertura de una investigación.
Igualmente, es posible presentar la queja ante la entidad donde trabaja el funcionario involucrado, para que la Oficina de Control Interno adelante el proceso y, si corresponde, traslade el caso a la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía.
Al formalizar la denuncia, las autoridades competentes deben iniciar una investigación y, de acuerdo al caso, proceder con un proceso penal, disciplinario o ambos, e imponer las sanciones pertinentes.
La conducta de prevaricato se encuentra regulada por la Ley 599 de 2000 en los artículos 405 a 407, y por la Ley 1474 de 2011, que fortalecen los mecanismos contra la corrupción y el control de la gestión pública.
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