La Fiscalía General de la Nación reveló un documento que expone el organigrama criminal detrás del caso de corrupción en la Ungrd.
En la cúspide de esta estructura aparece Carlos Ramón González, prófugo y actual residente en Nicaragua, que fuera mano derecha del presidente Gustavo Petro y ocupó el cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
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El informe, al que accedió Semana, detalla los distintos niveles de responsabilidad y revela la implicación de un precandidato presidencial en la base de la pirámide.
El documento elaborado por la Fiscalía no sólo dimensiona el alcance del entramado, sino que lo califica como una “empresa criminal con vocación de permanencia”.
La pirámide, encabezada por González, muestra cómo desde la oficina del Dapre en la Casa de Nariño se impartieron órdenes que transformaron la Ungrd en un mecanismo para canalizar sobornos a congresistas.
Testimonios recogidos por el ente acusador señalan que las decisiones clave se tomaron en ese despacho, lo que sitúa a González como el principal determinador del esquema.
En el segundo nivel de la estructura aparecen figuras como Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda.
La Fiscalía documentó la participación de Velasco a partir de la declaración de Sneyder Augusto Pinilla, que lo identificó como el funcionario con quien Olmedo de Jesús López Martínez se comunicó durante una reunión en el hotel Grand Hyatt el 12 de diciembre de 2023, con el objetivo de manejar de forma confidencial la información sobre proyectos canalizados a través de Carolina Martínez.
Además, se identificó a un subalterno de Velasco, conocido como Fernando, que habría servido de enlace entre el exministro y otros actores del escándalo, aunque su identidad completa aún no ha sido revelada mientras se recogen pruebas para su captura.
En el mismo escalón de la pirámide se ubica Ricardo Bonilla, que enfrenta una imputación de cargos y fue señalado como el principal interlocutor entre el Gobierno y Olmedo López, exdirector de la Ungrd.
Junto a Bonilla figuran sus exasesoras Andrea Carolina Ramírez y María Alejandra Benavides; esta última buscó un principio de oportunidad para colaborar como testigo en contra de su antiguo jefe.
Las conexiones de estas asesoras se extienden hacia otros protagonistas, como Jaime Ramírez Cobo, enlace del Dapre con ministerios y congresistas, y alcanzan a Fernando, el subalterno de Velasco, así como a directores de entidades públicas como César Manrique Soacha (hoy prófugo) y Gerardo Vega Medina.
En el centro del organigrama, la Fiscalía situó a Sandra Liliana Ortiz, exconsejera para las Regiones del presidente Petro, acusada de coordinar la entrega de dinero a Iván Name, entonces presidente del Senado. Ortiz fue imputada y se le impuso una medida de aseguramiento.
Aunque intentó obtener un principio de oportunidad para convertirse en testigo, la Fiscalía rechazó su propuesta. Entre las pruebas que aportó Ortiz figuran chats, documentos y su propia declaración, que incluyen detalles sobre la implicación de otros funcionarios, como el entonces secretario jurídico de Presidencia y actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández.
El tercer nivel de la pirámide lo ocupan exdirectivos y funcionarios de la Ungrd, encabezados por Olmedo López. Bajo su mando se encontraban asesores como Diana Carolina Martínez, Víctor Andrés Meza y Pedro Andrés Rodríguez.
La Fiscalía detalló el papel de estos funcionarios en la red corrupta, destacando que Pedro Andrés Rodríguez comunicó al contratista Luis Eduardo López el porcentaje de coima acordado para la contratación de 40 carrotanques, aunque López Rosero respondió que la situación tributaria requería ajustes en la cotización.
En este mismo nivel aparece Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo de desastres en la Ungrd, junto a otros funcionarios como Luis Carlos Barreto, que accedió a un principio de oportunidad, y Carolina Arango Gil, de quien se conoce poco públicamente, pero que según fuentes del proceso posee información relevante.
Un recuadro especial del organigrama destaca a Camilo Romero, exgobernador de Nariño, exembajador en Argentina y precandidato presidencial.
Testigos y chats indican que Romero mantenía una relación cercana con Pedro Andrés Rodríguez, actualmente detenido por estos hechos.
La Fiscalía también señaló un vínculo entre Romero y Diana Carolina Martínez, asesora de Olmedo López, aunque hasta el momento Romero no ha sido citado por el ente acusador. Cabe recordar que Romero enfrenta una acusación en la Corte Suprema de Justicia por otro caso de corrupción relacionado con la Empresa de Licores de Nariño, y ha negado todas las acusaciones en su contra.
En la base de la pirámide se encuentra el contratista conocido como el Pastuso, Luis Eduardo López, junto a un grupo de empresas y familiares que firmaron como representantes legales en los contratos investigados.
Más de 30 personas han sido vinculadas al escándalo de la Ungrd. Hasta ahora, tres de los implicados, entre ellos Sneyder Pinilla, han sido condenados tras aceptar su responsabilidad, pedir perdón y devolver parte del dinero apropiado.
Se espera la definición del principio de oportunidad para Pinilla, cuya aprobación podría ser clave para alcanzar a los cabecillas de la red corrupta.
A pesar de la exhaustiva labor de la Fiscalía, muchos de los señalados en el organigrama, como Jaime Ramírez Cobo, no han sido llamados a declarar ni han recibido notificación alguna, y algunos incluso han abandonado el país.
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