El recurso de apelación de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que consta de 904 páginas, fue radicado ante el Tribunal Superior de Bogotá con la expectativa de que se revoque su condena y se dicte una sentencia absolutoria.
Los abogados de Uribe argumentan que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, incurrió en errores sustanciales y transgredió la imparcialidad judicial, al ejercer lo que califican como un “ejercicio parcializado de la prueba”. Según la apelación, la magistrada habría actuado de manera “política”, “subjetiva” y “sesgada” durante la audiencia del 1 de agosto, en la que anunció el sentido del fallo condenatorio.
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Uno de los ejes centrales del recurso es la supuesta omisión de la jueza Heredia al no valorar el contexto político de los protagonistas del caso. La defensa señala que la magistrada ignoró el interés político de Iván Cepeda, senador del Polo Democrático y víctima acreditada en el proceso, a pesar de que este reconoció su oposición frontal a Uribe, incluyendo debates de control político y gestiones relacionadas con la hacienda Guacharacas.
Apelación menciona presunta “cercanía” entre el gobierno Santos y Cepeda
El documento subraya que tampoco se consideró si la posición de Cepeda en el Congreso y su cercanía al Gobierno de Juan Manuel Santos pudieron influir en la obtención o presentación de pruebas.
“La sentencia minimizó la relevancia de la relación y del poder institucional de Cepeda y aplicó criterios distintos para valorar los vínculos de los testigos con las partes, en donde la cercanía con Uribe fue utilizada para restar credibilidad o como presunción de confabulación, mientras que la cercanía con Cepeda fue ignorada o reinterpretada favorablemente al dicho de este último. Esto confirma un doble estándar que comprometió la imparcialidad del fallo”, se lee en el documento de apelación.
Es decir, la apelación dedica un apartado a la relación entre Uribe y Santos, recordando que ambos compartieron partido en los orígenes de la U y que Santos fue ministro de Defensa durante el gobierno de Uribe.
La defensa resalta que la enemistad política surgió tras el giro de Santos hacia la política de paz, que culminó con el desarme de las FARC y la obtención del Premio Nobel de la Paz. Según el recurso, este contexto político no fue debidamente ponderado por la jueza al analizar la actuación de Cepeda y la construcción de la narrativa acusatoria.
Las pruebas de Cepeda que resultaron cruciales en la condena
El papel de Cepeda resulta determinante en la génesis del proceso judicial contra Uribe: las entrevistas que realizó en 2011 a los paramilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra en cárceles, y que un año después expuso en un debate en la Cámara de Representantes sobre los presuntos nexos de Uribe con las Autodefensas, constituyen el punto de partida del caso.
La defensa sostiene que la jueza Heredia redujo el rol de Cepeda a un “simple receptor de pruebas”, sin explorar si su intervención activa y su poder político influyeron en la acusación.
El recurso también cuestiona la valoración de la prueba por parte de la jueza, en particular la inclusión de interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena. Los abogados de la defensa alegan que la magistrada incurrió en un vicio que genera nulidad del proceso y que mostró un sesgo contra los testigos que declararon favorablemente sobre Uribe.
Además, critican que la jueza considerara a Uribe como determinador, es decir, como quien indujo a otros, como Cadena, a buscar testimonios de paramilitares presos mediante sobornos y promesas judiciales, con el objetivo de desacreditar las declaraciones de Sierra y Monsalve y desprestigiar las gestiones de Cepeda.
En otro fragmento, la apelación califica la audiencia del 28 de junio, en la que se comunicó el sentido del fallo condenatorio, como una “especie de evento teatralizado” y advierte sobre la existencia de “sesgos de naturaleza política, configurando una forma de politización del presente asunto judicial”.
Los abogados insisten en que la jueza aplicó un doble estándar al evaluar la credibilidad de los testigos, favoreciendo a quienes tenían vínculos con Cepeda y desestimando a quienes estaban relacionados con Uribe.
El documento presentado por Granados y Lombana busca que el Tribunal Superior de Bogotá revoque la condena y absuelva a Uribe Vélez, argumentando que la sentencia de la jueza Heredia estuvo marcada por errores, parcialidad y una valoración desigual de las pruebas y los actores políticos involucrados.
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