La Fiscalía de Perú abrió investigación contra topógrafos colombianos detenidos en isla Santa Rosa: podrían enfrentar 15 años de prisión

La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla, en el departamento peruano de Loreto, abrió una investigación contra dos ciudadanos colombianos detenidos el 12 de agosto en la isla Santa Rosa.

Son acusados de “atentado contra la soberanía nacional” en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a dominación extranjera, delito que en el Código Penal de Perú contempla una pena no menor a 15 años de prisión.

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Los investigados, identificados como Carlos Fernando Sánchez Ortegón y Jhon Wilington Amia López, permanecen bajo custodia en el Puesto de Vigilancia Fronteriza de Santa Rosa, bajo jurisdicción de la IV Macro Región Policial de Loreto.

Un tercer colombiano, Juan Daniel Torrado, fue liberado horas después, según confirmó la ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas.

De acuerdo con la Fiscalía de ese país, la detención se produjo tras reportes de transportistas fluviales que alertaron sobre la presencia de trabajadores extranjeros realizando mediciones topográficas en la zona sur de la isla.

Una patrulla de unos veinte uniformados acudió al lugar y arrestó a los implicados, acusándolos de efectuar estudios que podrían tener como objetivo “establecer la ubicación del territorio nacional (peruano) como parte del territorio colombiano”.

El fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes informó que, tras la detención, se ordenó la inspección técnica policial del sitio y la toma de declaraciones a los investigados y a los efectivos participantes en el operativo.

También indicó que se dispuso la revisión de imágenes de las cámaras de vigilancia y la consulta con la autoridad migratoria para establecer si el ingreso de los colombianos fue regular.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Félix Denegri, aseguró que los detenidos se encontraban en situación migratoria irregular.

El caso se produce en un clima de tensiones acumuladas. En las últimas semanas, las relaciones se han visto afectadas por un sobrevuelo de una aeronave militar colombiana en espacio aéreo peruano y la colocación de una bandera de Colombia en Santa Rosa por parte del político Daniel Quintero del Pacto Histórico, hechos que Lima también investiga.

Además, la reciente decisión del Gobierno peruano de elevar a la categoría de municipio a Santa Rosa de Loreto ha sido interpretada por Colombia como una acción unilateral que desconoce la necesidad de un acuerdo sobre la soberanía de la isla.

El trasfondo de la disputa se remonta al tratado de límites de 1922 y a la delimitación realizada en 1939. Perú argumenta que Santa Rosa se encuentra en la isla Chinería, adjudicada a su territorio en ese año, mientras que Colombia sostiene que se trata de una formación más reciente cuya asignación debe definirse de manera bilateral.

Según el Gobierno de Petro, el control de la isla es estratégico, ya que un eventual cambio en el cauce del río Amazonas podría aislar al puerto de Leticia de la navegación fluvial, con impactos económicos y sociales para la región.

. Según el historiador Carlos Huaraj Acuña, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al buscar “Santa Rosa” en la cartografía colombiana esta figura registrada como parte del territorio peruano.

Entre ellos, un mapa publicado en 2017 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad oficial de cartografía de Colombia, muestra claramente que Santa Rosa pertenece al distrito de Mariscal Ramón Castilla, en el departamento de Loreto, Perú.

Este documento, disponible públicamente en línea, constituye una evidencia clave en la disputa, ya que refleja la posición institucional colombiana sobre sus límites internacionales y debilita el argumento de que el territorio “no ha sido asignado” formalmente.

La disponibilidad de la cartografía oficial permite a especialistas y autoridades peruanas respaldar su postura sobre la soberanía de la isla.

El caso evidencia cómo los registros cartográficos pueden jugar un papel determinante en la resolución de conflictos territoriales, destacando la importancia de contar con interpretaciones claras y consensuadas de los acuerdos fronterizos entre ambos países.