La sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad inmediata del exsenador Álvaro García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, al cumplirse (el 4 de agosto) los 180 días reglamentarios del juicio sin que se hubiera dictado sentencia en la causa por desplazamiento forzado agravado.
La defensa de García Romero solicitó en reiteradas ocasiones la excarcelación, argumentando la expiración de los plazos y el cumplimiento de más de las tres quintas partes de su condena.
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Álvaro García Romero, conocido como ‘El Gordo’, fue senador y representante a la Cámara por el departamento de Sucre durante los años noventa y dos mil. Su nombre quedó ligado a uno de los episodios más graves del conflicto armado en Colombia: la masacre de Macayepo, ocurrida en el corregimiento del mismo nombre en los Montes de María, donde el 14 de octubre de 2000 un grupo de paramilitares asesinó a campesinos y ocasionó el desplazamiento masivo de cerca de 4.000 personas.
El exsenador fue hallado responsable como autor intelectual del crimen y por desviar recursos públicos para financiar estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La condena dictada en 2010 por la Sala Penal de la Corte Suprema estableció que García Romero no solo participó en la planeación y financiación de la masacre, sino que además tuvo responsabilidad en la muerte de una jurado electoral que había denunciado irregularidades en su departamento. Los delitos por los que fue condenado incluyen concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio simple y peculado por apropiación. Estas conclusiones, divulgadas por El Tiempo, situaron a García Romero como una de las figuras emblemáticas de la llamada “parapolítica”.
A pesar de la gravedad de los hechos, la reciente liberación del exsenador responde al proceso abierto por el presunto delito de desplazamiento forzado agravado en los Montes de María. Según confirmó la Corte Suprema, se evidenciaron “presuntas acciones dilatorias” en el proceso, atribuidas a la defensa de García Romero por la multiplicidad de recursos y peticiones presentadas en el desarrollo del juicio. En uno de los autos, el magistrado Jorge Caldas compulsó copias disciplinarias contra los abogados Santiago Aguirre Ossa y Luis Felipe Aguirre por posibles maniobras para demorar la actuación judicial.
El fallo de la Corte Suprema revocó una decisión previa del Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá, que le había concedido libertad condicional. En este contexto, la Corte consideró esa interpretación como limitada frente a los requisitos legales para conceder beneficios de libertad. No obstante, ahora el tribunal superior determinó que, al no haberse tomado una decisión dentro del plazo correspondiente a la etapa de juzgamiento, García Romero podrá continuar su defensa en libertad mientras prosigue la investigación.
El proceso judicial mantiene vigente la acusación contra García Romero por el desplazamiento forzado de cerca de 4.000 campesinos tras el ataque perpetrado por aproximadamente 80 paramilitares bajo el mando de Rodrigo Pelufo, alias “Cadena”, en octubre de 2000. El accionar violento incluyó asesinatos con armas blancas y objetos contundentes en varias localidades de los Montes de María, consolidando uno de los más recordados episodios de violencia rural en el Caribe colombiano.
En los últimos años, la defensa de García Romero realizó varios intentos para obtener la libertad, incluidos recursos apoyados en el precedente de revisión de segunda instancia adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que generó expectativa sobre una eventual revisión de la condena conjunta por la masacre. Sin embargo, la decisión actual de la Corte Suprema se basa de manera exclusiva en el conteo de términos procesales, y no modifica la sentencia anterior ni la responsabilidad penal ya establecida por la masacre.
La resolución de libertad fue adoptada pocos meses después de que el magistrado encargado del caso ordenara la investigación disciplinaria de los abogados defensores por presuntas dilaciones injustificadas. “La defensa técnica de García Romero ha incurrido en maniobras dilatorias en virtud de la multiplicidad de peticiones y recursos infundados, los cuales han dado al traste con el correcto desarrollo de la actuación procesal, se impone a la Sala compulsar copias para que se investigue disciplinariamente a la defensa técnica”, se lee en el documento oficial divulgado.
Pese a recuperar su libertad por vencimiento de términos, la situación judicial de García Romero permanece en desarrollo. Fuentes de la Corte Suprema aclararon que el excongresista seguirá vinculado al proceso por el delito de desaparición forzada, y que la investigación sobre su posible responsabilidad en otras violaciones de derechos humanos en los Montes de María continúa abierta.
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