Una trabajadora de la industria farmacéutica utilizó un video para expresar su frustración tras una experiencia que, según relató, la dejó con una deuda de $10 millones por la compra no autorizada de una motocicleta, realizada con su tarjeta de crédito del Banco Davivienda.
La denuncia, difundida en redes sociales, ha generado preocupación entre los usuarios de esta y otras entidades financieras, debido a las respuestas ante fraudes y robos de identidad, así como por la percepción sobre la protección de sus derechos.
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“No es justo que la gente de bien tenga que asumir las deudas de los ladrones y que los bancos apoyen a los ladrones, apoyen a la delincuencia”, aseguró la afectada sobre los hechos que, presuntamente, ocurrieron el 16 de julio, cuando se encontraba en la Clínica de la Mujer en Bogotá, acompañada de colegas, y recibió un mensaje que alertaba sobre la compra reciente de una motocicleta en un comercio especializado.
Al revisar sus pertenencias, notó la ausencia de varios documentos, entre ellos su cédula y el carné de la empresa. De inmediato, contactó al banco para reportar el robo y la transacción sospechosa.
La respuesta inicial de Davivienda fue que iniciarían una investigación. Dos días después, la víctima recibió una carta de la entidad financiera en la que, según su relato, se indicaba que no se había detectado ninguna alerta previa ni registro de llamada para bloquear la tarjeta.
Esta explicación la dejó sorprendida: “La conclusión era que ellos no veían ninguna alerta, que yo hubiese hecho alguna llamada o advertencia para bloquear la tarjeta. Y que la compra había sido un éxito total porque la tarjeta había sido acercada al datáfono de golpe. Me asusté muchísimo”.
Ante la negativa del banco a asumir el costo de la compra, la mujer recurrió a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que cerró el caso tras recibir la misma explicación proporcionada por Davivienda. En busca de una solución, acudió al defensor del consumidor financiero del banco, donde le informaron que su caso sería analizado. Sin embargo, pese a la esperanza inicial, la respuesta final fue que no se tomaría ninguna acción y que el caso quedaba cerrado.
La afectada intentó obtener información precisa sobre el lugar de la compra, solicitando a Davivienda la dirección exacta del comercio. Al no recibir respuesta, decidió investigar por su cuenta y logró localizar el supuesto establecimiento en el barrio Restrepo. Sin embargo, allí le confirmaron que no se había realizado ninguna transacción de ese tipo.
El personal del local la ayudó proporcionándole el contacto de la empresa de pagos, que posteriormente le envió el comprobante de la transacción. Este indicaba una dirección diferente, ubicada en el sector de Bosa Laureles. Hasta allí se desplazó, pero solo encontró un taller sin relación alguna con la compra de la motocicleta.
Las respuestas dejaron a la víctima sin respaldo
La carta final enviada por los abogados del defensor del consumidor financiero de Davivienda reiteró la posición del banco, lo que llevó a la mujer a expresar su indignación ante la falta de apoyo institucional y la carga económica que ahora debe asumir. “Ahora mismo tengo la deuda. Estoy afanada porque soy una persona supremamente organizada con mis gastos (...) Entonces, algo tienen que hacer los bancos para que nosotros, como usuarios, no nos veamos afectados”, manifestó.
En su testimonio, la ciudadana cuestionó la seguridad de las tarjetas de crédito y la falta de mecanismos eficaces para bloquearlas, lo que —según advirtió— incrementa la vulnerabilidad de los usuarios frente a fraudes y robos de identidad.
La afectada también advirtió sobre una modalidad de fraude en la que, según le comentó una abogada, algunas personas realizaron compras y luego afirman que no fueron ellas. No obstante, insiste en que los bancos deben confiar analizar cada caso con rigor, especialmente cuando existen antecedentes de buen comportamiento financiero y relaciones laborales estables con la entidad.
El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, con su denuncia en redes, la víctima busca alertar a otros usuarios sobre los riesgos asociados al uso de tarjetas de crédito y la necesidad de extremar precauciones.
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