La frontera sur de Colombia, particularmente en el departamento de Nariño, se ha convertido en un territorio donde la autoridad estatal ha sido reemplazada por el poder de grupos armados ilegales. Narcotraficantes y disidencias de las Farc controlan el paso de personas y mercancías, operan rutas de contrabando y ejercen un dominio que alcanza incluso la construcción de obras públicas sin intervención del Gobierno.
Según datos militares citados por Semana, en los últimos dos años estos grupos han tomado control de 586 kilómetros de la frontera, gestionando al menos 185 pasos clandestinos para el tráfico de drogas, armas, explosivos y metales preciosos. Ante esto, la respuesta oficial es cada vez más débil, golpeada por recortes presupuestales que limitan la capacidad de acción del Ejército.
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En medio de este vacío de poder, las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco hicieron público un acto que, más allá de su apariencia de labor comunitaria, evidencia la consolidación de su control territorial.
“Las FARC-EP siguen construyendo poder popular junto a las comunidades. En esta ocasión hacemos entrega de un polideportivo en el departamento de Nariño”, publicaron en su cuenta de X, acompañando la frase con imágenes del evento.
Y es que el control de esta zona no es un fenómeno reciente, pero sí se ha intensificado. Militares colombianos y ecuatorianos reconocen la pérdida de dominio ante el avance de estructuras mafiosas que han logrado sobornar funcionarios y desplazar la autoridad oficial.
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Mientras tanto, en 2025 la XXIII Brigada del Ejército colombiano opera con apenas 77 millones de pesos, un 21% menos que el año anterior, y la XXVII Brigada recibió 46 millones después de un 2024 sin presupuesto.
El fracaso de los diálogos de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y las principales disidencias ha abierto más espacio a la acción de estos grupos, que hoy imponen sus reglas en buena parte de la frontera sur. Ecuador ha advertido que, por restricciones impuestas desde Colombia a la coordinación militar binacional, ha sido imposible frenar la expansión del crimen.
Cooperación militar con obstáculos y tensiones
El pasado 8 de agosto, en Puerto Leguízamo (Putumayo), los comandantes de las Fuerzas Armadas de Colombia, Ecuador y Perú sostuvieron un encuentro para planear operaciones conjuntas contra el crimen organizado en la triple frontera amazónica. “Es un encuentro histórico en el que, por primera vez, definimos las áreas de interés donde muy pronto estaremos desarrollando operaciones combinadas y simultáneas a lo largo de la triple frontera, para afectar de manera contundente a las estructuras armadas ilegales que hacen presencia delictiva en esta zona”, indicaron las Fuerzas Armadas de Ecuador.
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El plan, según indicaron, incluye combatir el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, el contrabando, la migración irregular y el tráfico de flora y fauna, bajo una estrategia de “tripartita inteligencia militar”. Sin embargo, estas iniciativas coinciden con tensiones diplomáticas derivadas de las declaraciones de Petro reclamando soberanía sobre la isla peruana de Santa Rosa, lo que llevó al Gobierno de Perú a emitir una protesta formal y a enviar a su primer ministro a la zona.
Mientras tanto, en la Amazonía, la violencia no cede. Ecuador ha reforzado sus operaciones tras el asesinato de once soldados en Alto Punino, ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, disidencia de las Farc que se ha aliado con la banda ecuatoriana Los Lobos para explotar enclaves mineros ilegales cerca de la frontera.
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En este contexto, que una estructura criminal inaugure públicamente un polideportivo en territorio colombiano es un mensaje político y militar que evidencia que, en ciertas regiones, el Estado ha dejado de ser la autoridad real.
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