La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reveló una investigación que pone en entredicho la gestión del Ministerio de Hacienda.
Según la Corte, el Gobierno habría implementado una estrategia para comprar votos de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público con el fin de aprobar créditos públicos clave para la administración.
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Esta conclusión se basa en pruebas que incluyen chats, reuniones y testimonios, los cuales fueron dados a conocer por el medio W Radio.
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La investigación, que abarca el periodo entre septiembre y diciembre de 2023, muestra cómo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, autorizó desde Dubái a su equipo a gestionar proyectos a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según el medio citado, estos proyectos habrían servido como moneda de cambio para obtener el respaldo de parlamentarios.
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En sus mensajes, Bonilla indicó a sus colaboradores: “Sí, adelanta eso”, dando vía libre para avanzar en las negociaciones con congresistas.
Los congresistas señalados por la Corte incluyen a Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo.
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Estos parlamentarios habrían recibido compromisos de proyectos específicos en sus regiones, financiados con recursos de la Ungrd, a cambio de su voto favorable para autorizar los créditos públicos.
La negociación se inició tras la resistencia de varios congresistas a aprobar los cupos de endeudamiento que requería el Ejecutivo.
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El proceso de negociación incluyó reuniones privadas, desayunos y encuentros informales, en los que se cuidaba la confidencialidad para evitar filtraciones.
María Alejandra Benavides jugó un papel central en estas gestiones, coordinando con los parlamentarios y asegurando que las negociaciones se mantuvieran ocultas, incluso frente a la Dirección de Crédito Público, que fue excluida sistemáticamente de las negociaciones y del manejo técnico de los créditos, según W Radio.
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Uno de los momentos clave fue un desayuno el 4 de octubre de 2023 con congresistas que bloqueaban los créditos, donde comenzaron las negociaciones directas. El 31 de octubre, Bonilla recibió a varios parlamentarios para presentar una “contrapropuesta”.
Posteriormente, Benavides se reunió con congresistas para definir los “canales a usar”, confirmando a la Ungrd como el instrumento principal para canalizar los proyectos negociados.
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Los mensajes entre congresistas y funcionarios revelan la presión constante ejercida para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. Wadith Manzur, por ejemplo, advertía que sin garantías los créditos no avanzarían en 2023.
El 12 de diciembre, Bonilla autorizó setecientos mil millones de pesos para la Ungrd, recursos que fueron confirmados a los congresistas involucrados, garantizando así los compromisos adquiridos.
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La estrategia de presión incluyó la retención deliberada de un crédito clave por parte de los parlamentarios para forzar al Gobierno a cumplir con los compromisos adquiridos.
La sesión del 14 de diciembre fue cancelada, y Manzur justificó la decisión como una forma de “ganar tiempo” para que se liberaran los recursos prometidos.
El día siguiente, una reunión urgente entre Bonilla y el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, buscó asegurar la viabilidad de los contratos pactados, según declaró López ante la justicia.
La investigación también documenta un episodio conocido como el “cónclave” del 27 de noviembre, una reunión secreta entre ministros y altos funcionarios, en la que se retiraron los teléfonos y se discutieron los asuntos en privado para evitar filtraciones.
La Corte considera que esta opacidad fue deliberada para ocultar la verdadera naturaleza de las negociaciones y proteger a los involucrados.
El alto tribunal concluyó que el entramado configuró una probable negociación criminal entre funcionarios y congresistas, con promesas remuneratorias a cambio de funciones de asesoría que, por ley, les corresponden sin incentivos adicionales.
La Sala de Instrucción advierte que este tipo de prácticas pone en riesgo el bien jurídico de la administración pública y la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.
Finalmente, la Corte Suprema recordó casos anteriores de compra de votos en Colombia, como la “Yidispolítica”, y dejó en manos de los magistrados la decisión de llamar a juicio a los funcionarios y congresistas involucrados.
El caso abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción política en el país y resalta la necesidad de vigilancia y sanciones contundentes para garantizar la integridad de las instituciones públicas.
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