
El Consejo Superior de la Judicatura adoptó el viernes 8 de agosto una decisión extraordinaria frente a la apelación que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez interpondrá contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en la actuación penal.
La medida contempla el nombramiento de tres magistrados de apoyo para la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, como respuesta al “gran volumen, la connotación y el término de prescripción” del caso.
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La notificación oficial establece la creación de cargos transitorios para descongestionar los despachos de los magistrados titulares Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, responsables de fallar la segunda instancia del proceso contra el exmandatario.
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El Consejo argumentó la designación de estos magistrados adjuntos como una medida para garantizar el cumplimiento de los términos procesales y evitar congestiones judiciales.

“Los cargos transitorios se crearán a partir del 11 de agosto y hasta el próximo 10 de octubre”, precisa la resolución. Se busca así que los tres magistrados titulares puedan concentrarse exclusivamente en la revisión y fallo de la apelación presentada por la defensa de Uribe. Mientras este equipo asume el estudio del recurso, los magistrados adjuntos gestionarán el resto de los procesos en curso en sus despachos.
La trascendencia de este caso ha motivado acciones administrativas excepcionales en el sistema judicial. Días antes, la Judicatura también había ordenado la suspensión del reparto de tutelas para Merchán, Ossa y Oviedo.
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Con esto, cada magistrado podrá dedicar tiempo y recursos a una decisión judicial que concentra la atención nacional e internacional.

La condena de 12 años impuesta a Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal marcó un hito sin precedentes en la justicia colombiana.
La defensa del expresidente, tras ser notificada de la sentencia, dispone de 7 días para interponer el recurso de apelación, plazo que vence el miércoles 13 de agosto.
La importancia de cumplir los términos judiciales toma mayor relieve si se tiene en cuenta que la fecha de prescripción del caso está prevista para el 16 de octubre.
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El Consejo Superior de la Judicatura subraya que cualquier dilación podría impactar el curso procesal y la validez de la sentencia, por lo que estas “medidas transitorias” resultan necesarias para asegurar que se pronuncien las decisiones de fondo a tiempo.
Álvaro Uribe inicia arresto domiciliario tras condena por fraude
El expresidente Álvaro Uribe Vélez comenzó a cumplir arresto domiciliario tras ser condenado a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno en actuación penal, según la orden emitida por la jueza 44 Penal de Bogotá el 1 de agosto.
Uribe confirmó su situación legal en un video publicado en su cuenta de X, donde afirmó: “Esta tarde (6 de agosto) comparecí al juzgado de Rionegro (Antioquia). Me habían citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes (1 de agosto)”.
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La defensa de Uribe presentó una tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para solicitar la suspensión de la orden de captura hasta que se resuelva la segunda instancia, pero la petición fue rechazada y la detención quedó en firme.
Durante el proceso, la jueza Sandra Liliana Heredia determinó que Uribe manipuló testigos para beneficiarse en expedientes relacionados con presunto apoyo al paramilitarismo. Las pruebas incluyeron interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena, que enfrenta un juicio por supuestamente ofrecer beneficios a testigos como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”. Vélez declaró que solo recibió $26 millones de lo pactado, lo que lo llevó a modificar su testimonio.
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En la audiencia de condena, ni la Fiscalía ni la defensa de víctimas apelaron la sentencia de 1.114 páginas, mientras que la Procuraduría anunció que presentará recurso de apelación en los próximos días.
El abogado Jaime Granados también solicitó un plazo adicional de cinco días para preparar su apelación. La jueza absolvió a Uribe del delito de soborno, decisión que será revisada en segunda instancia.
Uribe reaccionó al fallo señalando: “El fallo me interpretó a su amaño. El fallo me maltrató sin conocer mis antecedentes en mi vida política. No repasó mi transparencia y mi verticalidad para enfrentar como minoría los debates en la Universidad de Antioquia. Ni tampoco los años de mi madurez cuando en el gobierno fui vertical para asumir responsabilidades. Mintió la Fiscalía. Este fallo está soportado en el ánimo político de afectar a un dirigente de oposición. El fallo me trata de urdidor de mentiras, sin detenerse en lo que ha sido mi recorrido en la vida pública colombiana”.
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