La caída de Francisco Javier Piedrahita Sánchez no fue el final de su poder económico. A pesar de su muerte en 2016, su nombre volvió a la luz pública luego de que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación desarrollara un megaoperativo en Sucre, Córdoba y Antioquia, en el que se incautaron bienes que, según la entidad, estaban ocultos a nombre de sus familiares y socios.
Piedrahita fue socio de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, uno de los cabecillas del extinto Cartel de Medellín, y mantenía además una amistad con Carlos Castaño, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según reveló El Tiempo.
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El excapo también fue señalado de fundar la convivir Nuevo Amanecer, que terminó convirtiéndose en una estructura paramilitar en los Montes de María, una región históricamente golpeada por la violencia.
En 1999, Piedrahita fue capturado en Barranquilla por los delitos de paramilitarismo y homicidio. Desde entonces, las autoridades comenzaron a rastrear su patrimonio, compuesto por fincas, estaciones de servicio, apartamentos lujosos y hasta vehículos de alta gama.
Herencia repartida y testaferros familiares
Buena parte del entramado económico que dejó el excapo se ocultó tras los nombres de personas cercanas. Según pudo establecer el medio ya citado, la Fiscalía estableció que muchas de las propiedades estaban a nombre de su exesposa Ana Paulina Uribe Lopera, su hijo Andrés Felipe Piedrahita Uribe, su cuñada Margarita Inés Uribe Lopera, así como de la sociedad Uribe Lopera y CIA S. A., dedicada a la cría de ganado bovino y bufalino.
Entre los bienes incautados figuran:
- Un lote de 140 hectáreas en La Candelaria (Antioquia)
- Otro lote de 2 hectáreas y 7.500 m² en Momil (Córdoba)
- Tres lotes en Campamento (Antioquia), relacionados con alias Monoleche, quien habría custodiado una pista de aterrizaje para narcos en la hacienda Caballo Blanco.
“En las haciendas Caballo Blanco, La Mireya y San Antonio, de propiedad de reconocidos narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha y César Cura de Moya, operaba otro grupo, el de Francisco Javier Piedrahita Sánchez. Este le brindaba seguridad a la pista que había en la hacienda Caballo Blanco, por donde se movían grandes cantidades de droga y dinero en efectivo y de ella se decía que tenía más operación aérea que el Aeropuerto el Dorado”, se lee en un informe de Fiscalía, en el que cita testimonios de exparamilitares rendidos ante la justicia.
También fueron ocupadas varias propiedades en Córdoba, incluyendo la Estación San Felipe y el Parador Don Felipe, anteriormente propiedad de Henry Loaiza, alias el Alacrán.
El destino de los bienes y la reparación de víctimas
De acuerdo con la Fiscalía, algunas fincas como Villa Sara, Santuar Guasimal y Nueva Estrella, ubicadas en Córdoba, eran frecuentadas por personas armadas presuntamente vinculadas con estructuras paramilitares. A estas se suman lujosos apartamentos en Medellín, casas en Antioquia y fincas en Valencia (Córdoba), así como otros lotes en zonas estratégicas que hoy se vinculan al narcotráfico y al despojo.
Uno de los predios más llamativos fue un apartamento en el exclusivo edificio Mirador de San Ángel, en El Poblado (Medellín), que estaba en manos de su exesposa. A su hijo, Andrés Piedrahita, se le incautó el lote Vista Hermosa en el sector Aguas Negras, Montería. A su cuñada, Margarita Uribe, se le retiraron los lotes Guayabal y Corona, además de varios inmuebles en Medellín.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió la administración de estas propiedades. “Estos bienes inmuebles serán comercializados para reparar a las víctimas de desplazamiento forzado y crímenes cometidos por los grupos paramilitares, o serán destinados a organizaciones sociales campesinas, para contribuir a proyectos de reforma agraria”, dijo la directora de la SAE, Amelia Pérez, al recibir formalmente los predios.
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