La Policía Metropolitana de Ibagué reportó la captura de un hombre con una orden de arresto por homicidio agravado y violencia intrafamiliar.
Según el reporte oficial, la detención ocurrió en el barrio Jardín de la capital tolimense. Agentes de la Policía Nacional participaron mediante la estrategia nacional denominada Plan Cazador, enfocada en hacer efectivas las órdenes de captura pendientes y asegurar el cumplimiento de condenas y medidas de aseguramiento.
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La investigación detalló que el caso se remonta a abril de 2016, cuando el hoy condenado convivía con su pareja y su hijo recién nacido en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, donde el hombre agredió físicamente al menor en varias ocasiones, causándole lesiones de gravedad.
El 23 de abril de ese año, el infante fue trasladado a un centro médico, donde falleció a causa de los golpes propinados por su padre.
La orden de captura fue emitida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Fusagasugá, que requería al individuo por el homicidio de su hijo.
Tras su localización y detención en Ibagué, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. En la audiencia de lectura de fallo, el juez determinó la condena de 437 meses de prisión (36 años de cárcel).
“Este resultado refleja nuestro compromiso con la justicia, la protección de la niñez y la lucha frontal contra los delitos que atentan contra la vida y la integridad familiar. No descansaremos en nuestro propósito de capturar a quienes deben responder ante la ley”, expresó el mayor Ricardo Andrés Moreno Vargas, comandante del Distrito Uno de la Policía Metropolitana de Ibagué.
El procedimiento policial, según informó el oficial, transcurrió sin incidentes y permitió que el capturado quedara bajo custodia para responder ante la justicia.
Hoja de ruta para detener violencia infantil en Colombia
Durante la primera Conferencia Ministerial Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, Colombia presentó una hoja de ruta para abordar la problemática de la violencia infantil.
El proceso, liderado por figuras como Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, y Pamela Escobar, vicepresidenta de la Fundación Plan, permitió identificar los desafíos más graves en la protección de la niñez, con especial atención al entorno digital, donde la violencia sexual ha experimentado un alarmante incremento.
El documento final, resultado de este trabajo colaborativo, establece cuatro estrategias clave para abordar la violencia infantil. La primera de ellas se orienta a fortalecer tanto el núcleo familiar como las redes comunitarias, una necesidad evidenciada por los datos recogidos en las mesas de diálogo sobre conflicto y paz.
Cada día, 141 menores ingresan al sistema de protección de derechos en Colombia, y el 66% de estos casos están vinculados a violencia sexual, negligencia, condiciones de riesgo de los cuidadores y violencia física, según cifras del Icbf.
Ante este panorama, las organizaciones recomendaron la creación de una estrategia nacional, con horizonte en 2030, que integre programas y focalice recursos para prevenir la separación innecesaria de los menores de sus familias. Escobar subrayó la importancia de una intervención directa con las familias en riesgo y la necesidad de que el Estado asuma el liderazgo en este esfuerzo.
La segunda línea de acción propuesta apunta a transformar las prácticas de crianza en el país. Aunque la Ley 2089 de 2021 prohíbe el castigo físico, los registros de 2023 muestran 6.369 casos de violencia intrafamiliar contra menores, lo que evidencia la persistencia de métodos violentos en la educación de los niños.
La protección integral de los menores afectados por el conflicto armado y el crimen organizado constituye la tercera estrategia. El informe anual de las Naciones Unidas reportó, en 2023, 262 casos de reclutamiento infantil en Colombia, lo que representa un aumento del 49% respecto al 2022.
Para enfrentar este fenómeno, especialmente en zonas rurales, las organizaciones propusieron la creación de un fondo económico para 2026, destinado a fortalecer las medidas de protección y las rutas institucionales, con un enfoque diferencial y la participación activa de los propios menores.
La cuarta estrategia prioriza la lucha contra la violencia sexual, con énfasis en la educación sexual integral y la implementación de un plan de acción que abarque desde la prevención hasta la sanción de estos delitos.
El plan, previsto para 2025, contempla recursos específicos para atender, prevenir y sancionar la explotación sexual, la trata de personas, los matrimonios forzados, el abuso sexual y la violencia sexual en entornos digitales.
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