Un juez de la República ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) entregar la información solicitada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, sobre las actuaciones de Beatriz Gómez Consuegra: esposa del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, que a su vez es uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, en el manejo de hospitales públicos.
La decisión, que difundió la congresista declarada en oposición al Gobierno, marcó un nuevo episodio en el debate por la transparencia en el sector salud. Sobre todo cuando Gómez Consuegra sería, en ese sentido, subalterna del titular de la cartera, por lo que existiría -desde la percepción de la parlamentaria- un claro conflicto de intereses en la administración de recursos provenientes del ministerio en infraestructura.
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La controversia se originó en abril de 2025, tras denuncias en la designación de directivos hospitalarios y en contratos de alto valor en regiones apartadas, como el Amazonas. De acuerdo con las declaraciones de Pedraza, Gómez Consuegra, que ejerce el cargo de superintendente delegada para prestadores de servicios, participó en nombramientos en hospitales que reciben recursos por la dependencia de su esposo.
“La Supersalud no puede seguir ocultando información sobre las actuaciones de Beatriz Gómez, esposa del ministro de Salud”, afirmó Pedraza, que en su momento acusó a la funcionaria de haber intervenido en procesos donde existía impedimento por razones familiares. Y cuestionó que los hospitales estuvieran siendo manejados según “intereses políticos” ligados a Jaramillo, al frente de la cartera desde mayo de 2023.
El revés jurídico de la Supersalud en la disputa con la representante Pedraza
El fallo del juzgado estableció que la superintendencia negó de manera indebida la entrega de documentos oficiales requeridos por Pedraza. En consecuencia, la entidad deberá remitirle, en un término máximo de 10 días, copias de las recomendaciones y conceptos técnicos que sustentaron acciones en hospitales como el de San Andrés, Chiriguaná (Cesar), Maicao (La Guajira), Leticia (Amazonas) y otros centros de relevancia.
La controversia sobre la figura de Gómez llegó a los medios después de que se conocieran las investigaciones sobre un contrato de aproximadamente $55.000 millones para la adquisición de un buque hospital en el Amazonas, coordinado por Gómez Consuegra. Además de dar órdenes al parecer ilegales a funcionarios subalternos, Gómez los habría amenazado con despedirlos si no firmaban documentos claves.
Fue el contrato que tiene como objetivo la adquisición de un buque hospital y que prestará servicios en la región amazónica del país el que dio pie para denunciar lo que serían las aparentes irregularidades para su puesta en marcha, pues no tenía en ese entonces el aval de presupuesto necesario para desarrollar esta iniciativa; tal y como lo denunció, entre otros, Mario Castro, asesor jurídico del Hospital San Rafael de Leticia.
La coyuntura con respecto a la compañera sentimental del alto funcionario del Gobierno ocurre a la par de que se supo que el ministro Jaramillo figura dentro del grupo de altos funcionarios investigados por la Fiscalía, tras la compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de Justicia: en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), conforme a documentos de esas entidades.
En ese sentido, por mandato judicial y bajo vigilancia pública, la Supersalud deberá ahora proporcionar acceso a la documentación que permitirá esclarecer si existieron, en efecto, extralimitaciones en el ejercicio de funciones públicas y si hubo aprovechamiento de relaciones familiares para influir en nombramientos clave del sistema hospitalario nacional; en un caso que estalló tras la denuncia del periodista Daniel Coronell.
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