Gobierno nacional propone seis ajustes al Cargo por Confiabilidad para reducir costos en la tarifa de energía eléctrica

El Ministerio de Minas y Energía propuso ante el Congreso una serie de ajustes al esquema del Cargo por Confiabilidad, con el objetivo de transformar su funcionamiento actual y disminuir el peso que este rubro representa en los costos del servicio de energía para los usuarios del país.

Durante una sesión de la Comisión Quinta del Senado, el ministro Edwin Palma explicó que el Cargo por Confiabilidad fue concebido como una herramienta para asegurar la continuidad en la prestación del servicio, especialmente en periodos críticos como los derivados del fenómeno de El Niño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, planteó que el comportamiento del mercado ha generado distorsiones que requieren intervención.

Según Palma, desde la implementación del cargo en 2006, los usuarios han pagado más de 92 billones de pesos. El funcionario afirmó que, aunque los embalses están llenos, se han registrado aumentos considerables en el precio del kilovatio-hora.

“El Cargo por Confiabilidad tiene un impacto, más o menos, del 10% del costo unitario y, mire, esta es una ganancia exorbitante”, sostuvo. Indicó que hubo momentos entre junio y julio en los que el valor en bolsa de la energía superó hasta diez veces su precio base.

En su intervención, el ministro señaló que, en condiciones normales, la abundancia de agua debería reflejarse en precios más bajos, pero la estructura del mercado actual impide que esto ocurra. “Nos toca corregirlo y para eso es el Estado. El Estado no es simplemente un espectador de lo que sucede en los distintos mundos, sino un equilibrador de esa balanza”, expresó Palma.

Uno de los aspectos resaltados por el ministro fue la permanencia de pagos a plantas hidroeléctricas que siguen recibiendo el cargo como si fueran nuevas, sin distinción por su antigüedad o tecnología. “A las hidroeléctricas se les sigue pagando el Cargo por Confiabilidad como si fueran plantas nuevas”, indicó, aludiendo a la necesidad de revisar los criterios con los que se asignan los recursos.

Durante el debate, Palma también criticó la falta de propuestas concretas por parte de varios gremios del sector. “Yo pensé que hoy íbamos a llegar aquí a escuchar a Andesco, Andeg y Acolgen, con propuestas concretas.

Es decir, cuál es el marco en el que están planteando revisar el Cargo por Confiabilidad”, dijo el ministro. No obstante, destacó la intervención de Alexandra Hernández, directora de SER Colombia, como una de las pocas que presentó aportes técnicos.

Frente a este panorama, el Gobierno nacional presentó seis propuestas clave que podrían ser implementadas para reformar este mecanismo:

1. Prioridad a energías limpias: Establecer lineamientos para facilitar la incorporación de fuentes renovables al sistema eléctrico, dentro de un enfoque de transición energética ordenada y equitativa.
2. Remuneración diferenciada: Ajustar el esquema de compensación teniendo en cuenta la tecnología utilizada y la antigüedad de la planta, evitando que infraestructuras amortizadas sigan recibiendo pagos iguales a las nuevas.
3. Enfoque en respaldo real: Dirigir el cargo a aquellos recursos que efectivamente garanticen respaldo al sistema en situaciones de escasez o emergencia.
4. Tiempo máximo de participación: Fijar un límite en la duración del pago del Cargo por Confiabilidad, eliminando beneficios indefinidos para proyectos ya rentabilizados.
5. Implementación gradual: Aplicar los ajustes de forma progresiva para mantener la estabilidad del suministro y evitar afectaciones en el corto plazo.
6. Separación tarifaria: Extraer la variable de confiabilidad de la fórmula general de tarifas para aportar mayor transparencia en la estructura de precios que pagan los usuarios.

Estas propuestas están consignadas en la Proposición 185 de 2025, y buscan modificar el marco regulatorio con el propósito de alinear el sistema eléctrico con los objetivos actuales en sostenibilidad y justicia tarifaria.

De acuerdo con el Ministerio de Minas, esta reforma pretende garantizar que los usuarios finales no continúen asumiendo cargas económicas innecesarias, sobre todo en momentos donde la disponibilidad hídrica permite operar con menor presión sobre la oferta.

El ministro también mencionó que el Gobierno espera radicar un proyecto legislativo en los próximos días, el cual recogerá estas propuestas y abrirá el debate técnico para definir la viabilidad de los cambios.

El proceso, explicó Palma, incluirá mesas de trabajo con actores del sector energético, instituciones y usuarios, con el fin de llegar a consensos sobre un nuevo modelo que preserve la confiabilidad en el suministro sin trasladar sobrecostos excesivos a la ciudadanía.