En medio de uno de los procesos más emblemáticos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia, el coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, reiteró el martes 5 de agosto que no reconoce su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se le imputan.
Su declaración fue dada en el desarrollo de la audiencia de alegatos de conclusión del juicio adversarial, realizada en Valledupar, en el departamento de Cesar. La audiencia representa la última oportunidad para que el coronel Mejía acepte o rechace los cargos que le imputa la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
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Entre ellos 72 homicidios de personas protegidas, además de desapariciones forzadas y torturas cometidas presuntamente entre enero de 2002 y enero de 2004, periodo en el que estuvo al mando del batallón La Popa.
En su intervención ante los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, Mejía se defendió de las acusaciones y rechazó categóricamente haber participado en ejecuciones extrajudiciales.
“Perdí mi carrera. Estuve diez años preso en detención preventiva. Perdí todo lo que me es querido. Me maltrataron a mi familia, me cerraron todas las posibilidades de trabajo, me llevaron a la Picota estando uniformado como coronel. Ha sido un viacrucis. Pero después de haber perdido eso, me quedan tres cosas: la verdad, mi honor de soldado de Colombia y mi dignidad de ciudadano. Y eso no es negociable. No acepto los cargos, honorables magistrados”, manifestó.
A diferencia de Mejía, doce militares retirados del mismo batallón —que se sentaron en el mismo estrado los días 24 y 25 de julio— sí aceptaron su responsabilidad en al menos 135 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 en Cesar y La Guajira. Entre ellos se encuentra el teniente coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, subalterno de Mejía, que firmó un acta de verdad y reconocimiento, implicando directamente al excomandante en los hechos.
Ante la negativa del coronel Mejía, el proceso pasó a una fase adversarial, similar a un juicio penal ordinario, en el que el tribunal deberá evaluar la totalidad de las pruebas y los alegatos finales tanto de la UIA como de la defensa y los representantes de las víctimas.
Un proceso emblemático en el Caso 03 de la JEP
Este proceso forma parte del Caso 03 de la JEP, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, hechos que se conocen popularmente como “falsos positivos”.
La actuación del Batallón La Popa fue priorizada por la jurisdicción debido a la gravedad y sistematicidad con la que se cometieron los crímenes en esa unidad militar, donde, con base en las investigaciones, se ejecutaron de forma masiva a civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate.
El fiscal quinto de la UIA, Samuel Serrano, presentó en la audiencia las pruebas recolectadas, incluyendo testimonios, informes forenses y documentos militares, que apuntan a Mejía como coautor responsable de los crímenes, ya sea por acción directa o por haber tolerado y facilitado su comisión como comandante del batallón.
Posibles consecuencias
De ser hallado culpable, el coronel retirado podría enfrentar hasta 20 años de prisión ordinaria, ya que su negativa a aceptar los cargos lo excluye de los beneficios de sanciones propias que otorga la JEP a quienes reconocen verdad y responsabilidad.
Por el contrario, si el tribunal considera que no hay pruebas suficientes que demuestren su participación directa o autoría mediata, podría ser absuelto.
La audiencia continuará el miércoles 6 de agosto con la intervención final de la defensa del coronel Mejía y de las víctimas acreditadas en el proceso, que exigen justicia y verdad ante lo que consideran uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano.
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