Un trágico hecho ocurrió en el kilómetro 93 de la vía férrea de Cerrejón, en la zona rural de Uribia, cuando una adolescente de 17 años, perteneciente a la comunidad Ouspa de la etnia wayuu, cruzaba la línea de tren montada en un burro.
Su objetivo era transportar agua para su comunidad, una tarea habitual que ilustra la carencia de servicios básicos en la región. Según testigos citados por las autoridades, la joven fue embestida por el tren que se dirigía hacia Puerto Bolívar, lo que provocó la muerte instantánea tanto de la menor como del animal.
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La tragedia ha generado conmoción en la comunidad Ouspa y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las empresas y el Estado en la protección de los derechos y la vida de las poblaciones indígenas frente a la expansión de la infraestructura minera en La Guajira.
Tras el accidente, las autoridades acudieron al lugar para atender la emergencia y dar inicio a las indagaciones correspondientes. El objetivo de estas diligencias es determinar con precisión cómo se produjo el accidente y si existieron fallas en los protocolos de seguridad o en la señalización de la vía férrea.
Empresa Cerrejón se pronunció
Mediante un comunicado, la empresa Cerrejón manifestó su pesar por el accidente y extendió sus condolencias a los familiares de la víctima. Además, la compañía aseguró que colabora con las autoridades en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro y reiteró su disposición a apoyar a la comunidad afectada.
“Cerrejón lamenta informar que, a la altura del kilómetro 93 +360 de la línea férrea, a las 4:15 p.m. horas del día de hoy domingo 3 de agosto de 2025, se presentó un accidente con el tren que se desplazaba rumbo Puerto Bolívar, en el que fallece una persona perteneciente a la etnia wayuu, miembro de la comunidad de Ouspa, ubicada cerca al sitio del accidente, en zona rural del municipio de Uribia.”, se lee en la comunicación escrita que emitió la empresa carbonera.
La muerte de la adolescente wayuu pone de relieve los desafíos estructurales que enfrentan las comunidades indígenas de la región, especialmente en lo que respecta al acceso al agua. La necesidad de recorrer largas distancias para abastecerse de este recurso básico expone a los habitantes a situaciones de riesgo, agravadas por la presencia de infraestructuras industriales como la línea férrea de Cerrejón.
Jalón de orejas al Gobierno por falta de suministro de agua potable para la niñez wayuu
La Corte Constitucional sintetizó la gravedad de los obstáculos que persisten en la garantía del acceso al agua para la niñez wayuu en La Guajira, según el más reciente auto emitido el 3 de julio de 2025. La Sala Especial de Seguimiento, al evaluar el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, concluyó que las órdenes judiciales dictadas hace más de siete años solo han alcanzado un “cumplimiento bajo”, lo que evidencia la persistencia de la crisis humanitaria en la región.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se fundamentó en el análisis de los informes presentados por entidades nacionales y territoriales responsables del sector agua, así como en la información aportada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil.
El tribunal determinó que, a pesar de las acciones emprendidas, los resultados no han sido ni eficaces ni suficientes para transformar la realidad de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, territorios priorizados por su alta vulnerabilidad.
El tribunal identificó cinco bloqueos institucionales que han impedido el avance en la garantía del derecho al agua para la población wayuu:
- Debilidades en la recolección de información relevante.
- Fallas en la estructuración de planes integrales.
- Deficiencias en la planeación, ejecución y financiación de los proyectos.
- Problemas en la contratación.
- Falta de articulación entre las instituciones involucradas.
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