Gobierno envía inspector a la U. de Antioquia por crisis de liquidez y diferencias en cifras financieras

El Ministerio de Educación anunció una serie de medidas de vigilancia especial sobre la Universidad de Antioquia, en respuesta a hallazgos financieros identificados durante visitas oficiales realizadas en 2024.

Estas acciones se enmarcan en las facultades otorgadas por la Ley 30 de 1992 y la Ley 1740 de 2014 para garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones de educación superior.

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De acuerdo con el Ministerio, los resultados del proceso de inspección revelaron un deterioro en la liquidez de la universidad, junto con dificultades en el manejo presupuestal y el uso de los recursos. La entidad concluyó que estos factores “ponen en riesgo la calidad y continuidad del servicio educativo”.

Ante este diagnóstico, la cartera educativa adoptó tres decisiones principales: primero, designará un inspector que estará presente de manera permanente en la institución para vigilar su desempeño financiero y administrativo; segundo, la universidad deberá ejecutar un plan de mejoramiento orientado a superar los problemas detectados; y tercero, se realizará un seguimiento constante a las condiciones que motivaron la intervención.

Según explicó el Ministerio, estas medidas buscan prevenir una afectación mayor sobre el servicio educativo y asegurar la sostenibilidad institucional. Las acciones adoptadas se asemejan a las tomadas en años anteriores frente a otras universidades que enfrentaron situaciones críticas, como la Sergio Arboleda, la San Martín y la Autónoma de Colombia, esta última aún bajo control directo del Estado.

La Resolución 016105 de 2025, a la que tuvo acceso El Tiempo, contiene el sustento jurídico y técnico de la decisión. En ese documento se expone que “la Institución de Educación Superior enfrenta limitaciones en el control del gasto, situación que se refleja en la presión sobre los recursos disponibles”.

Dicha resolución fue expedida a partir de un informe técnico elaborado por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio, luego de dos visitas oficiales realizadas a la Universidad de Antioquia tras conocerse la existencia de dificultades financieras en la institución.

Una de las observaciones señaladas en ese informe técnico apunta a discrepancias contables entre diferentes sistemas de reporte.

“Si bien, el reporte de SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) debe dar cuenta de la realidad de la IES, incluyendo todas las situaciones que tengan alguna incidencia en su situación financiera y conforme lo dispone la Contaduría General de la Nación, existen diferencias en los saldos de activos y pasivos, entre los Estados Financieros y otras fuentes de información, como lo son: HECAA– SNIES, presuntamente incumpliendo la Resolución No. 009573 de 2021”.

Estas inconsistencias sugieren que los datos financieros registrados por la institución no coinciden con los reportados ante los sistemas oficiales del sector educativo, lo cual representa un posible incumplimiento normativo.

El informe también analiza el comportamiento del flujo de caja de la universidad y advierte sobre cambios en el destino de los recursos. “El flujo de efectivo de la IES sugiere que la IES presenta desafíos en la contención de los gastos, así como, muestra un cambio estructural con un aumento considerable en la adquisición de propiedades, planta y equipo, frente a lo cual se debió evaluar la eficiencia de estas inversiones a largo plazo para asegurar que los recursos estén siendo conservados y utilizados de manera correcta”.

Otro punto evaluado por el Ministerio fue la dependencia de la universidad respecto a cuentas por cobrar. El análisis determinó que esto impacta su capacidad de respuesta financiera ante obligaciones inmediatas. “La universidad presenta una alta dependencia de las cuentas por cobrar, lo que indica que esta debe gestionar su cartera con el objetivo garantizar los recursos para el cubrimiento de sus obligaciones de corto plazo. Lo anterior se ve reflejado en indicadores como prueba ácida, capital de trabajo y márgenes operacional y neto, los cuales además de evidenciar la necesidad del cobro de cartera, implican una disminución en la capacidad operativa y eficiencia de la gestión”.

La presencia del inspector in situ será una herramienta clave para el monitoreo de los compromisos adquiridos por la Universidad de Antioquia en su plan de mejoramiento. La autoridad educativa nacional estará encargada de verificar que las metas financieras y administrativas se cumplan conforme a lo proyectado.

Con estas medidas, el Ministerio de Educación busca preservar la estabilidad institucional, al tiempo que garantiza que los estudiantes y la comunidad universitaria no vean afectado el desarrollo normal de las actividades académicas y administrativas mientras se resuelve la situación financiera.