Andrés Forero advirtió las terribles consecuencias del ‘decretazo’ a la salud del Gobierno Petro: “Lo van a padecer todos los colombianos”

El 30 de julio de 2025, el Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió al país con la firma del Decreto 0858 de 2025 que reúne puntos clave de la reforma a la salud que será debatida en el Congreso.

Uno de los puntos más preocupantes del articulado son los cambios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), puesto que el Ministerio de Salud busca transformarlas en Gestoras de Salud.

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“Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas privadas y mixtas que hagan parte del nivel primario de las redes integrales e integradas territoriales de salud (Riits), se organizarán de manera funcional como Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que se constituye como la base territorial, desarrollan los atributos de accesibilidad y primer contacto, longitudinal a través de la adscripción poblacional y territorial, integralidad y coordinación e integran procesos de administración y atención de la ciudadanía, prestación de servicios de salud integrales, integrados y resolutivos”, se lee en el documento.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero analizó el impacto de la hoja de ruta del Gobierno nacional para transformar el sistema de salud colombiano. Según el congresista, la experiencia de los docentes, que han enfrentado graves dificultades tras la modificación de su modelo de atención, anticipa los problemas que podrían replicarse a nivel nacional.

“Los resultados son perversos y algo que no funcionaba del todo bien, ahora funciona muchísimo peor”, advirtió en entrevista con Semana, citando el ejemplo de los maestros para ilustrar los riesgos de la reforma impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Forero también explicó que, hasta ahora, las EPS determinaban en qué hospitales recibían atención sus afiliados. Con el nuevo esquema, esa responsabilidad pasará a manos de los alcaldes y gobernadores, quienes decidirán qué clínicas integrarán la red de prestación de servicios. El representante advirtió que este cambio podría derivar en un “verdadero retroceso” para los pacientes, al modificar la lógica de asignación de recursos y servicios.

El congresista subrayó que los efectos de la reforma no serán inmediatos, pero sí se harán evidentes en un plazo de tres a seis meses, periodo en el que, según sus palabras, los colombianos comenzarán a “padecer” las consecuencias de la transición. Forero insistió en que la nueva estructura abre la puerta a la politización y la corrupción, ya que los mandatarios locales podrían utilizar la selección de hospitales como herramienta de intercambio de favores o para obtener beneficios personales. “Puede convertirse en una ventana para la politización”, alertó, al tiempo que cuestionó la capacidad de los gobiernos locales para gestionar de manera transparente y eficiente la red de servicios de salud.

En su análisis, Forero reconoció que las EPS no son perfectas en la selección de hospitales, pero consideró preferible que esa función permanezca en manos de entidades técnicas y no de autoridades políticas. “Yo prefiero que sean ellas las que se encarguen de esto y que no sean los alcaldes o gobernadores de turno”, afirmó, calificando el cambio como un aspecto “sensible” que afectará a la población durante el periodo de transición entre modelos.

En paralelo, recordó que la intervención estatal en las EPS ha generado “malas experiencias”, y criticó que, pese a que muchas de estas entidades están bajo administración gubernamental, los resultados han sido “desastrosos”. Forero concluyó que, en vez de corregir los problemas detectados en el sistema, el Ejecutivo pretende extender un modelo fallido a 50 millones de colombianos. La referencia a la protesta de Fecode, el sindicato de maestros históricamente cercano al Gobierno, refuerza su argumento sobre el fracaso de la reforma en sectores donde ya se ha aplicado: “Ha sido un desastre hasta el punto de que Fecode, que ideológicamente ha sido tan cercano Gobierno, ha tenido que salir a poner el grito en el cielo”, sostuvo al medio citado.

Frente a las críticas, el Gobierno nacional defendió la medida argumentando que busca un sistema más accesible para todos, con especial énfasis en las personas de bajos recursos y quienes residen en regiones históricamente marginadas. No obstante, la oposición sostuvo que la decisión representa la implementación encubierta de la polémica reforma a la salud, rechazada en el Congreso y ampliamente debatida en la opinión pública.