El representante a la Cámara Edwing Fabián Díaz Plata, del partido Alianza Verde, lanzó un llamado que no pasó inadvertido ni entre sus aliados ni entre sus contradictores. En una intervención difundida por sus redes sociales y registrada durante una sesión plenaria del Congreso, pidió que se “rodeara” al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al advertir que debía impedirse cualquier intento de eludir la acción judicial luego del fallo que lo declaró culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Con un tono enfático y un discurso directo, Díaz argumentó que la historia del país fue testigo de múltiples episodios en los que los sectores de poder utilizaron su influencia para desdibujar los límites del Estado de derecho, torciendo procedimientos, instrumentalizando instituciones y alargando indefinidamente los procesos judiciales hasta el agotamiento de la acción penal.
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“A Álvaro Uribe Vélez hay que rodearlo, rodearlo para que no se vuelva humo, para que no se escape”, pronunció el congresista ante sus colegas, al destacar la necesidad de una vigilancia cívica permanente sobre este proceso.

En su declaración, el representante resaltó que la condena en primera instancia contra el exmandatario representa un parteaguas en la historia judicial del país. Según él, esta decisión constituye “una victoria a la justicia” después de años en los que el caso se arrastró por las oficinas del poder judicial, entre recusaciones, nulidades, audiencias aplazadas y recursos sin fin. Díaz recordó que los elementos probatorios —videos, audios, correos y testimonios— fueron abundantes, “contundentes hasta el hastío”, y dan cuenta, según sus palabras, del papel consciente del expresidente Álvaro Uribe en el entramado de presiones a testigos, a través de su entonces abogado Diego Cadena.
No se trata, a juicio del congresista, de una mera cuestión penal; para él, el caso encarna un dilema ético mayor, en la repetida impunidad que acompañó a figuras de la élite política nacional. “Hablamos de una figura que ha estado vinculada a múltiples escándalos: desde las interceptaciones ilegales del DAS hasta los falsos positivos, desde Agro Ingreso Seguro hasta los vínculos oscuros con estructuras criminales. Y en todos, ha salido indemne, como si la justicia en Colombia fuera ciega para unos y severa para otros”, señaló Díaz con evidente frustración.

Lo que más inquietó a algunos internautas fue la forma en que el congresista articuló su mensaje. La expresión “rodearlo” fue leída por algunos como una incitación a presiones sociales o políticas que podrían interpretarse como indebidas sobre un procesado.
El fallo contra Álvaro Uribe Vélez, dictado el lunes 28 de julio, puso el caso bajo la upa del mundo, teniendo en cuenta que nunca antes un expresidente había sido condenado penalmente, y las consecuencias jurídicas y simbólicas de esta decisión apenas comienzan a desplegarse, en Colombia.
El equipo legal del exmandatario anticipa que interpondrá los recursos pertinentes ante la segunda instancia, por lo que el proceso promete alargarse. Según el congresista del Partido Verde, en esa nueva etapa volverán a desplegarse “las mismas maniobras cochinas dilatorias que buscan que el calendario judicial expire sin justicia”.

La crispación que generó esta intervención se sumó a un clima ya controversial, donde las posturas sobre el expresidente tienden a ser viscerales y antagónicas. Mientras algunos sectores lo consideran un perseguido político, otros lo ven como el símbolo de un poder que durante años operó al margen de la ley sin pagar las consecuencias.
Aunque se pueden abrir nuevas batallas jurídicas, el Congreso —y con él, la opinión pública— parecen estar entrando en una fase de mayor agresividad. El proceso contra Álvaro Uribe no solo pone en juego la reputación de un expresidente; también enfrenta a la democracia con su propia capacidad de juzgar, sin temor ni privilegios, a quienes ocuparon las cumbres del poder.
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