UNP confirmó que esquema de seguridad de la jueza del caso Uribe, Sandra Heredia, podría ser reforzado

La Unidad Nacional de Protección emitió un comunicado horas después de que la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En la misiva, fechada en Bogotá el 28 de julio de 2025, la UNP confirmó que la togada ya es beneficiaria de su esquema de seguridad y aclaró que recibió una nueva solicitud, mediante la cual se evalúan hechos recientes junto con la Dirección de Protección de la Policía Nacional, para determinar si es necesario reforzar su esquema de seguridad.

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El organismo recalcó que el propósito central es garantizar la integridad física y funcional de la jueza ante el momento crítico que representa este fallo histórico, el primero contra un expresidente colombiano.

En detalle, la UNP indicó que recibió la petición inicial el 11 de febrero de 2025 por parte de la magistrada Heredia, que ya gozaba de una protección establecida por la entidad. Tras evaluarse el riesgo de manera técnica, se determinó que actualmente se están revisando nuevos hechos que podrían indicar un aumento en la vulnerabilidad de la jueza.

Por ello, se desarrolla una valoración conjunta con la Policía Nacional para definir si procede el fortalecimiento del esquema. El comunicado enfatiza que esta actividad es parte del mandato institucional: proteger a funcionarios judiciales expuestos a amenazas en el ejercicio de sus funciones.

Y es que el fallo de la jueza Heredia concluyó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue encontrado culpable al probarse que, mediante intermediarios y su abogado Diego Cadena, intentó manipular a testigos clave como Juan Guillermo Monsalve para cambiar sus versiones en contra del senador Iván Cepeda.

Se trata de un proceso que arrancó en 2012, se desarrolló durante casi 13 años y concluyó este 28 de julio de 2025, siendo este el primer juicio penal que condena a un expresidente en Colombia.

El entorno del juicio estuvo marcado por intensas tensiones políticas y mediáticas, lo que aumentó las preocupaciones sobre la seguridad de la toga que emitió tan trascendental fallo.

En ese contexto, diversas instancias judiciales, incluyendo la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), hicieron un llamado urgente a adoptar medidas adicionales de protección. La UNP destacó que su labor institucional es velar por la autonomía de la justicia ante eventos como este, donde la independencia judicial se pone bajo prueba frente a la polarización nacional.

De manera paralela, el proceso judicial sigue su curso. La sentencia definitiva será conocida el viernes 1 de agosto de 2025, y la Fiscalía ha solicitado una pena base de aproximadamente nueve años de prisión y multas equivalentes a más de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exmandatario.

También se abrirá el periodo de apelaciones, mientras que el expresidente Uribe mantuvo su postura de inocencia y anunció que recurrirá la decisión judicial.

Qué reacciones dejó el veredicto contra el expresidente Uribe

Una vez se conoció la decisión de la justicia colombiana, la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal comentó en sus redes sociales que el fallo contra Álvaro Uribe representó una decisión sin justicia.

“No fue un fallo contra el expresidente, fue un monumento a la arbitrariedad judicial y la politización de la justicia. Pero esto no termina aquí porque vendrá apelación y de ser necesario la casación. Se convirtió en un espectáculo y la sentencia en una vergüenza”, aseveró la senadora.

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió que se le otorguen las medidas de seguridad pertinentes a la jueza Sandra Heredia. De hecho, el jefe de Estado colombiano explicó que, independiente del veredicto de la togada, es deber de su Gobierno brindar la protección necesaria a la representante del órgano judicial.

“Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo.En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”, comentó Gustavo Petro, como acostumbra, a través de sus redes sociales.