La congresista María José Pizarro pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar unas declaraciones del representante Miguel Polo Polo, que a juicio de la senadora del Pacto Histórico son una grave amenaza.
Desde su cuenta de X, Polo Polo reaccionó con dureza a la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe, que fue hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. En su comentario, el representante apuntó fuertemente contra la izquierda.
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“La izquierda intentó asesinar con dos disparos en la cabeza al senador más votado de Colombia, tiene al país acabado y ahora condena al presidente que estuvo a punto de acabar con la guerrilla. Esto demuestra que a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro. Estos criminales no tienen ni amigos ni misericordia. El próximo gobierno de derecha no debe mostrar contemplación alguna con ellos: nada de conciliación, ni siquiera un saludo de mano ¡DURO CON ELLOS!“, fue la publicación de Polo Polo en su cuenta de X.
Al respecto, Pizarro aseguró que “el hostigamiento y promoción del odio no pueden tener lugar en una democracia”, y solicitó investigar las palabras de Polo Polo.
Los pormenores del caso Uribe: de acusar a ser acusado
El expresidente Uribe, figura clave en la historia reciente de Colombia, fue hallado culpable el 28 de julio de 2025 por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal; sin embargo, fue absuelto por el delito de soborno simple
La historia se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de buscar “falsos testimonios” para vincularlo con el paramilitarismo. Pero en 2018, la Corte no solo archivó la investigación contra Cepeda, sino que abrió una contra el propio Uribe: según el alto tribunal, había indicios de que el expresidente y su entorno habrían presionado a exparamilitares presos para que declararan contra Cepeda y, de paso, lo exculparan a él.
Uno de los momentos clave en la investigación fue la revelación de interceptaciones legales hechas por la Corte Suprema a Uribe. Las grabaciones, obtenidas por error durante una investigación a un congresista cercano, dejaron ver que el expresidente sí conocía —y en algunos casos dirigía— contactos con testigos. Entre ellos, el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve fue central: este recluso aseguró que Uribe había buscado su retractación a través de terceros.
En agosto de 2020, Uribe renunció al Senado, lo que obligó a que su caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación. Esto cambió radicalmente el rumbo del proceso. En 2021, el fiscal Gabriel Jaimes pidió precluir el caso, asegurando que no había pruebas suficientes para imputarle delitos.
Sin embargo, dos jueces —en 2022 y 2023— rechazaron esa solicitud, argumentando que sí existían elementos que ameritaban continuar con la investigación. Uno de los fallos incluso señaló que había “manifiesta voluntad de manipulación de testigos”.
En 2024, tras el fracaso de la Fiscalía por cerrar el caso, el nuevo fiscal, Gilberto Villarreal, presentó imputación formal contra Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La defensa ha sostenido que las gestiones del expresidente buscaban desmentir a quienes lo calumniaban y que no incurrió en hechos ilegales, pero el ente acusador aseguró que hubo un patrón sistemático para alterar testimonios.
Durante las audiencias preparatorias de 2025, la Fiscalía presentó más de 50 pruebas, incluidas interceptaciones, testimonios, chats y visitas a cárceles. La defensa de Uribe ha cuestionado su legalidad y ha insistido en que se trata de una persecución política.
El caso ha generado un debate profundo en la opinión pública: para algunos, se trata de una venganza judicial contra un expresidente que combatió frontalmente a las guerrillas; para otros, es un símbolo de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera uno de los hombres más poderosos del país.
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