Daniel Sancho vive su día a día en la prisión tailandesa de Surat Thani en condiciones inusuales para un recluso condenado por asesinato.
Según su abogado, Marcos García Montes, el chef español disfruta de un régimen de comunicaciones flexible que le permite mantener videollamadas de hasta hora y media varios días a la semana, tanto con su equipo legal como con familiares y un amigo psicólogo.
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“Le dejan hacer y decir lo que quiera, sin censura. Se ve detrás de él a los funcionarios a su aire, están tan tranquilos mientras hacemos la llamada, no intervienen ni están pendientes de lo que hablamos”, explicó el letrado en declaraciones al medio español Vanitatis.
Además de estas facilidades, Sancho dispone de una celda individual, un privilegio poco común en las cárceles de Tailandia, caracterizadas por la rigidez de sus normas y la alta densidad de internos.
El joven, de 30 años y chef de profesión, ha optado por raparse la cabeza y dedica buena parte de su tiempo libre a escribir sus memorias, una actividad que, según su abogado, contribuye a su estabilidad emocional.
“Está fantástico, muy bien física y mentalmente”, aseguró García Montes, subrayando que, pese a la cadena perpetua que pesa sobre él, su cliente mantiene el ánimo alto.
Mientras tanto, la defensa del español ha intensificado sus críticas hacia la actuación de la policía tailandesa durante la investigación del crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta.
En un documento presentado a los medios el pasado 5 de junio, los abogados Marcos García Montes y Carmen Balfagón acusaron a las autoridades de cometer “irregularidades graves” que, a su juicio, condicionaron el resultado del proceso judicial.
Una de las denuncias más llamativas apunta a que la policía habría “eliminado discretamente” parte del cadáver de la víctima, en particular el torso, con el objetivo de facilitar la condena de Sancho.
La defensa sostiene que la ausencia del torso impidió determinar la causa exacta de la muerte, ya que esa parte del cuerpo podía demostrar que Arrieta no murió por apuñalamiento, como sostenía el informe oficial, sino durante una pelea accidental.
“Tras el descubrimiento del torso y la evidente ausencia de heridas de arma blanca, este trozo concreto de los restos del fallecido se convirtió en una prueba que no se ajustaba a la narrativa preconcebida de los funcionarios encargados de la investigación”, señalaron los abogados.
La policía tailandesa, por su parte, atribuyó el anuncio inicial sobre el hallazgo del torso a un “error tipográfico” y negó haber encontrado esa parte del cuerpo.
Otra de las acusaciones se refiere a la falta de un traductor durante la primera declaración de Sancho, un hecho que, según sus abogados, vulneró sus derechos fundamentales y derivó en una confesión obtenida bajo engaño.
“Es simplemente imposible creer que en un caso de tan alto perfil como este, la policía investigadora no haya grabado un interrogatorio tan importante del acusado”, añadieron.
Sancho fue arrestado en agosto de 2023 en la isla tailandesa de Phangan y, en un inicio, admitió el asesinato y desmembramiento de Arrieta, cuyos restos fueron hallados en un vertedero y en el mar.
Posteriormente, cambió su versión y denunció haber sido manipulado por la policía durante su declaración. El juicio se celebró entre el 9 de abril y el 2 de mayo de 2024 en Koh Samui, donde un tribunal lo condenó a cadena perpetua.
La Fiscalía había pedido la pena de muerte, pero el tribunal optó por una condena menor en reconocimiento a su “colaboración beneficiosa” durante la investigación.
El recurso de apelación presentado por la defensa, que consta de 480 folios, busca la repetición del juicio, la incorporación de nuevas pruebas y testigos, y que, de ser aceptado, el nuevo proceso se desarrolle en otra ciudad bajo la supervisión del Tribunal de Apelaciones de Tailandia.
Los abogados también reclaman que se revisen las pruebas forenses y que se esclarezcan las presuntas irregularidades policiales.
Hasta el momento, Daniel Sancho no ha abonado la indemnización de 106.000 euros ordenada a favor de los padres de Edwin Arrieta, una obligación derivada de la sentencia.
La resolución de la apelación se espera para otoño de este año, justo cuando se cumplen dos años del crimen que conmocionó a España y Colombia y que sigue generando un debate sobre el proceso judicial y el trato al acusado en prisión.
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