Enrique Gómez denunció cómo zona binacional entre Colombia y Venezuela se convertiría en “zona de narcodespeje más grande de Latinoamérica”

El abogado y director del partido de Salvación Nacional, herencia política del asesinado excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, expuso cómo la situación en una región como el Catatumbo, en Norte de Santander, es crítica en materia de seguridad; en parte, por el accionar de grupos ilegales que controlan el negocio de la droga

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Pese al rechazo internacional sobre su permanencia en el cargo, el dictador venezolano Nicolás Maduro cuenta con el beneplácito del presidente colombiano Gustavo Petro - crédito Miguel Gutiérrez/EFE
Pese al rechazo internacional sobre su permanencia en el cargo, el dictador venezolano Nicolás Maduro cuenta con el beneplácito del presidente colombiano Gustavo Petro - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

En medio de la fuerte polémica que ha desatado la intención del presidente de la República, Gustavo Petro, de establecer, junto al régimen del dictador Nicolás Maduro, una zona binacional en la frontera entre Colombia y Venezuela, una postura causó diversas reacciones en las redes sociales. Y es la de Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial y director del partido Salvación Nacional, que hizo sus observaciones sobre el impacto que tendría esta medida.

De acuerdo con su denuncia, la zona, que comprende la región del Catatumbo, en Norte de Santander, corre riesgo de convertirse en la zona de narcodespeje más grande de Latinoamérica. Lo anterior, como consecuencia directa del accionar de grupos ilegales, el aumento de la violencia y el fracaso de los mecanismos de paz. , lo que abre un nuevo capítulo en los señalamientos sobre la crisis humanitaria y de seguridad que afecta a este cruce fronterizo.

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Estas fueron las declaraciones del jefe del régimen, Nicolás Maduro, sobre la zona binacional entre Venezuela y Colombia - crédito @josueartex/X

Gómez, que es una especie de heredero político de la corriente de Álvaro Gómez Hurtado, el asesinado excandidato presidencial, quiso evidenciar la gravedad de la situación, que, en su concepto, se registraría en el Catatumbo. Y puso sobre la mesa la consolidación de lo que calificó como “entrega territorial a lo peor del hampa del continente”, y, en consecuencia, “a lo peor del terrorismo internacional”; haciendo alusión a los grupos armados que controlan la zona.

Enrique Gómez y su preocupación por la situación del Catatumbo ante creación de zona binacional

Esto retrataría el abandono estatal y el dominio creciente de estructuras criminales, en un territorio de intensos combates por el control del narcotráfico y las rutas fronterizas. El clima de tensión no es reciente, pero desde el inicio del Gobierno Petro, el 7 de agosto de 2022, el Catatumbo ha experimentado niveles inéditos de violencia, pese a que la estrategia de Paz Total buscó negociar, entre otras, con estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“En menos de dos años del mandato de Petro, la región del Catatumbo sufrió una violencia exacerbada atribuida principalmente al ELN, con impactos humanitarios críticos y por lo visto con una función específica: crear la zona binacional de narcodespeje más grande de Latinoamérica”, denunció Gómez. Esta situación es consecuencia de la guerra que le declaró esta guerrilla a los firmantes de paz y a las disidencias de las Farc ubicadas en la frontera.

Enrique Gómez sobre la zona binacional entre Colombia y Venezuela
Con un hilo en la red social X, el excandidato presidencial Enrique Gómez se refirió sobre la zona binacional entre Colombia y Venezuela y las consecuencias que traería para el Catatumbo - crédito @Enrique_GomezM/X

El desenlace más dramático de esta espiral violenta, como lo recordó el político opositor, se produjo en enero de 2025. Según datos del Puesto de Mando Unificado (PMU), la arremetida del ELN contra el frente 33 de las disidencias desencadenó en Catatumbo una crisis humanitaria de “proporciones inéditas”, en palabras de Gómez; con cerca de 98 personas asesinadas, entre ellos líderes sociales, menores de edad y excombatientes de las antiguas Farc.

En el mismo orden, unas 61.397 personas fueron desplazadas y más de 16.651 permanecieron confinadas, sin acceso siquiera a alimentos o servicios básicos. Entre tanto, advirtió que el uso de armas se ha sofisticado, pues ahora se emplean drones con explosivos, armas largas y proyectiles improvisados llevaron el conflicto a nuevas proporciones. Como sucedió en julio de 2025, con un ataque de drones que mató a tres soldados e hirió a ocho.

No solo es la muerte o el desplazamiento: han perdido sus cultivos, su infraestructura, su modo de vida”, sostuvo Gómez, al hablar del impacto que estos enfrentamientos han causado en el tejido social, económico y productivo de la región. Y es que no solo afecta la seguridad, también ha destruido comercios y sembradíos, al igual que colapsó los servicios y ocasionó, en palabras de los habitantes, un sentimiento de impotencia ante la inacción del Estado.

El Catatumbo se ha convertido en un campo de batalla entre el ELN y las disidencias de las Far - crédito Carlos Eduardo Ramírez/REUTERS
El Catatumbo se ha convertido en un campo de batalla entre el ELN y las disidencias de las Far - crédito Carlos Eduardo Ramírez/REUTERS

Según Gómez Martínez, excandidato presidencial, ante el incremento de la hostilidad, Petro optó primero por negociar y luego, tras los sangrientos sucesos de enero, suspender los diálogos con el ELN. Además, declaró la conmoción interior y la emergencia económica, al tiempo que desplegó más de 10.000 efectivos y lanzó la Operación Catatumbo. Medidas “que desde luego no han servido de nada para la población de la región”, expresó el abogado.

“El saldo de todas estas acciones es la entrega territorial a lo peor del hampa del continente. Cualquiera que pase por el Catatumbo lo puede constatar”, concluyó el dirigente político, que no dejó pasar por algo que la descomposición institucional y la permisividad han facilitado no solo la expansión del narcotráfico, sino la instalación del terrorismo internacional en la frontera con un país cuyo mandato está cuestionado por organismos internacionales.

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