Alerta en Bogotá: cerro de Ciudad Bolívar en riesgo ambiental por minería ilegal y ocupaciones informales

El concejal étnico Taita Óscar Fernando Bastidas Jacanamijoy puso en evidencia la gravedad de la situación en el Parque Ecológico de Montaña Cerro Seco, un territorio de 199 hectáreas en la UPZ Jerusalén de Ciudad Bolívar que enfrenta una degradación acelerada.

En un debate que se llevó a cabo el domingo 27 de julio en el Concejo de Bogotá, el cabildante expuso la falta de acciones efectivas por parte de las entidades distritales y la urgencia de una intervención real, más allá de los presupuestos asignados.

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Según lo expuesto en el debate, la problemática en el sector de Ciudad Bolívar está centrado en la alarmante degradación del Cerro Seco debido a la minería ilegal, la expansión de asentamientos informales y la ineficacia de los planes de manejo ambiental. A pesar de su valor ambiental y cultural, el parque se encuentra en una situación crítica, con impactos irreversibles sobre su biodiversidad y la vida de las comunidades que lo rodean.

El Decreto Distrital 555 de 2021 define a Cerro Seco como un área de importancia ambiental, cultural y recreativa, con un alto valor simbólico para la comunidad y potencial para el espacio público. Las decisiones sobre este parque deben armonizarse con las dinámicas ambientales y los objetivos de conservación, integrando los instrumentos de cierre minero.

Sin embargo, la realidad dista mucho de este mandato normativo. La Resolución 2001 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delimitó zonas compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá, pero varias explotaciones operan fuera de estos límites y han sido objeto de medidas de control como el Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental (Pmrra).

Más de 50 hectáreas del parque que fueron dispuestas para intervenciones mineras provocó la desviación de la quebrada Peña Colorada, suelos inestables, erosión sin control y la formación de charcos persistentes por la incapacidad del terreno de filtrar el agua. La Fundación Humedales de Bogotá advirtió que cuerpos de agua como la Laguna Encantada podrían ser vitales para aves migratorias locales, como la Tingua Azul.

El impacto no se limita a la geografía. La fauna y flora endémica, como la orquídea muisca, el chamicero cundiboyacense y la alondra cornuda, han sido desplazadas, según precisó el cabildante. Además, la presencia de especies invasoras como el retamo espinoso y el pino incrementa el riesgo de incendios y altera el equilibrio ecológico. La presión urbanística se agrava con más de 1.500 ocupaciones informales identificadas por la Secretaría de Hábitat en los polígonos cercanos, una cifra que sigue en aumento pese a las visitas y notificaciones realizadas.

El concejal Bastidas denunció que las empresas implicadas no han cumplido con la obligación de incluir a la comunidad en el proceso de restauración. No existen pruebas de socialización real en zonas clave como Superlote 10, lo que evidencia un Pmrra mal gestionado y un conflicto socioambiental creciente.

Según el cronograma presentado por la empresa, el Programa de Gestión Social, la adecuación morfológica en La Azotea 1 y el control de especies exóticas e invasoras se ejecutarían entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025, pero la falta de seguimiento efectivo por parte de la Secretaría de Ambiente pone en duda el cumplimiento de estas metas.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del parque, adoptado formalmente por el distrito, tampoco avanza al ritmo necesario. Para 2025, se asignó un presupuesto superior a 554 millones de pesos, pero entre enero y diciembre de 2024 el avance real fue de apenas el 6,9%, muy por debajo del 20% proyectado. De las 13 actividades previstas para el año, solo se desarrollaron 7. La línea de Gestión Social, clave para la planificación y cumplimiento de los programas, avanzó en un 80%, pero la coordinación interinstitucional y comunitaria sigue siendo insuficiente.

Uno de los argumentos más repetidos por la administración distrital es la dificultad para actuar debido a la propiedad de los predios: solo uno de los seis es público, y representa 0,41 hectáreas de las 199,03 hectáreas totales. La Secretaría de Ambiente sostiene que la viabilidad de adquirir los predios privados es baja, pero el concejal rechaza que esta situación justifique la inacción. Mientras tanto, la montaña continúa perdiendo vida y las comunidades esperan respuestas concretas.

El monitoreo de biodiversidad, responsabilidad de la Secretaría de Ambiente, tampoco ha comenzado en Cerro Seco. La entidad argumentó que las condiciones sociales y de seguridad no permiten garantizar la integridad de los profesionales y equipos. Solo cuando se superen estos obstáculos, el Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad iniciará el levantamiento de información.

Igualmente, se está diseñando un plan de conservación de orquídeas que incluiría a la orquídea muisca, pero nuevamente se supedita cualquier acción a la mejora de las condiciones sociales, lo que termina por paralizar la gestión ambiental.

El debate en el Concejo de Bogotá dejó claro que la protección de Cerro Seco requiere mucho más que asignaciones presupuestales. Es imprescindible fortalecer el Pmrra con más programas ambientales diseñados con la participación activa de la comunidad, establecer cronogramas claros con metas verificables y sanciones en caso de incumplimiento, y priorizar la adecuación del terreno para evitar deslizamientos y proteger las fuentes hídricas mediante la construcción de zanjas y estructuras de control. La restauración activa del hábitat y el monitoreo continuo de la biodiversidad son esenciales para recuperar el equilibrio paisajístico y biótico del área.

“No podemos permitir que la inseguridad sea la excusa para no proteger la vida. Si no somos capaces de garantizar condiciones mínimas para los equipos técnicos, estamos dejando que la violencia decida el futuro de nuestros ecosistemas”, puntualizó Bastidas.

Finalmente, para el cabildante la participación comunitaria debe pasar de ser un requisito formal a convertirse en un espacio real de diálogo y construcción de soluciones, con la creación de un comité de monitoreo y seguimiento que supervise el progreso del Pmrra.