El abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, expresó su inconformidad ante el reportaje publicado por la periodista María Jimena Duzán, en el cual se analiza la concentración de poder en manos de Luis Eduardo Llinás, actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
En la publicación periodística, el exdiputado del Atlántico es mencionado debido a una supuesta cercanía con el funcionario, lo que desató una respuesta directa por parte de su defensa legal.
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A través de una extensa carta publicada en la red social X, Carranza rechazó que el reportaje incluyera a su cliente sin otorgarle el derecho a réplica ni establecer comunicación previa con él o su equipo jurídico: “Me sorprende sobremanera que (...) se haya omitido un paso esencial del buen periodismo: el de contrastar fuentes y otorgar el derecho de réplica a las personas mencionadas”.
El abogado calificó como preocupante el uso de la imagen de Petro Burgos, al advertir que “no tiene algo que ver en el asunto del reportaje”, y que esta inclusión afecta derechos fundamentales como la honra y la presunción de inocencia.
En su mensaje, Carranza fue enfático: “Nicolás NADA TIENE QUE VER CON LOS HECHOS DE SU REPORTAJE (sic)”. Aunque descartó la solicitud de una rectificación formal, indicó que realizó un análisis del contenido publicado con el fin de advertir sobre la importancia de consultar a todas las partes involucradas. A su juicio, este tipo de publicaciones requieren mayor equilibrio informativo, especialmente cuando aluden a personas involucradas en procesos judiciales.
“Esa omisión no solo vulnera principios éticos del periodismo, sino que también afecta derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política, como el derecho a la honra y a la presunción de inocencia”, recalcó el abogado en su comunicación.
El uso de la imagen de Petro Burgos, uno de los puntos más cuestionados
El reportaje que generó la reacción del abogado se centra en las decisiones administrativas adoptadas por Llinás desde que asumió la dirección de la Dian y la Uiaf. Entre los aspectos destacados se encuentra el nombramiento de 22 directores seccionales sin concurso público, el uso de información financiera sensible para presuntas operaciones de protección política, y la designación de personas con vínculos cercanos a figuras del Gobierno.
La periodista María Jimena Duzán menciona en su nota para la revista Cambio que el ahora alto funcionario fue el contador de Nicolás Petro y dirigió la campaña presidencial de Gustavo Petro en Antioquia.
La inclusión de figuras como Laura Sarabia, Ricardo Roa y Olmedo López dentro de la cadena de referencias —así como la relación laboral previa entre Llinás y Nicolás Petro—, habría servido como sustento para establecer una narrativa en la que se vincula a diversos funcionarios con supuestas estrategias de consolidación de poder institucional. No obstante, desde la defensa de Petro Burgos se insiste en que estos elementos no justifican su mención en un reportaje que tiene otro enfoque temático.
Carranza considera que la mención de su defendido en la nota periodística carece de justificación, ya que no existe vínculo entre Petro Burgos y las decisiones ejecutivas tomadas por Llinás. En este sentido, cuestionó que su imagen fuera empleada para ilustrar un contenido con el que no guarda relación directa. Según explicó, esa práctica contraviene los principios éticos del periodismo y contribuye a la estigmatización de una persona que aún no ha sido condenada judicialmente.
El hijo del presidente enfrenta actualmente un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se le acusa de haber recibido dineros de origen no justificado durante su ejercicio como diputado en el Atlántico. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuran informes financieros, chats y testimonios de su exesposa, Day Vásquez, que afirma que él habría retenido recursos destinados a la campaña de su padre.
La defensa jurídica reiteró su disposición a dialogar con los medios para fortalecer prácticas periodísticas responsables. Carranza concluyó su carta con un llamado a la autorregulación y al respeto por los derechos de quienes, pese a estar en el ojo público, tienen garantías constitucionales que deben ser observadas.
Aunque reconoce la trayectoria de la periodista y de la revista que publicó el texto, Carranza invita a que se adopten prácticas de verificación más rigurosas en futuras publicaciones. “Quedo atento a cualquier espacio de diálogo que contribuya a fortalecer un periodismo responsable y constructivo”, concluyó el defensor.
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