En Lloró, una población enclavada en el corazón del Chocó, reina el silencio, no por tranquilidad, sino por temor. Desde el jueves 24 de julio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) impuso un paro armado de 48 horas que mantiene confinados a miles de habitantes en sus hogares, forzados por el miedo a represalias.
La situación, según denunció el personero del municipio, Yohan Machado, es crítica: “Hay total confinamiento en todo el departamento y principalmente en Lloró. La comunidad vive en zozobra”, expresó el funcionario en una entrevista concedida a El Colombiano.
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El paro, decretado por el ELN, surgió como respuesta a una operación militar realizada por el Ejército Nacional el 20 de julio en la comunidad afro de Chiriquí, dentro del mismo municipio.
De acuerdo con los testimonios recogidos por la Personería, el operativo incluyó detenciones arbitrarias, torturas y presuntos abusos contra más de 15 personas, entre ellas 10 indígenas y cinco afrodescendientes. De los detenidos, cuatro afros fueron liberados posteriormente, mientras uno permanece vinculado a una investigación por presuntos nexos con el grupo armado.
El impacto del paro ha sido inmediato y total: comercio cerrado, transporte terrestre y fluvial suspendido, y actividades institucionales paralizadas. “Las instituciones pararon por miedo. Nadie quiere exponerse a represalias del grupo armado”, explicó Machado. Las banderas del ELN, colocadas en las vías del departamento, dejaron claro el dominio del grupo sobre el territorio y reforzaron la amenaza.
Incluso en la cabecera municipal, donde hay presencia del Ejército y la Policía, el miedo es palpable. Pero es en las zonas rurales, como las del río Andágueda y el Alto Atrato, donde la situación se agrava, pues allí la presencia estatal es prácticamente inexistente.
Es de mencionar que la tensión ya venía en aumento desde el 19 de julio, cuando, según denuncias comunitarias, un integrante del ELN asesinó a un afrodescendiente en la comunidad indígena Tocoyorón, presuntamente por la disputa de un perro cazador.
“La víctima había estado buscando su animal durante más de 15 días, y al encontrarlo en esa comunidad, se enfrentó verbal y luego físicamente con miembros del ELN que llevaban varias horas allí”, relató el personero al medio citado. El hecho desencadenó un desplazamiento masivo de habitantes del resguardo indígena, que abandonaron el territorio por temor a nuevos actos de violencia.
El municipio de Lloró se encuentra en medio de una disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo, agravando aún más el drama humanitario. El grupo guerrillero mantiene presencia histórica en el río Atrato, mientras que el Clan del Golfo opera en zonas del río Andágueda. Esta fragmentación territorial convierte al municipio en un campo de batalla, donde la población civil queda atrapada entre fuegos cruzados, confinamientos y amenazas.
Machado explicó que la incursión del Ejército, aunque justificada desde el punto de vista operativo, dejó una profunda herida en las comunidades locales, especialmente por las denuncias de tratos inhumanos durante las detenciones. El ELN aprovechó este ambiente de tensión para legitimar el paro armado como una “respuesta” a lo que consideran abusos estatales.
La situación humanitaria es insostenible, advirtió el personero. En Lloró, como en muchas regiones del Chocó, no se requiere solo presencia militar, sino presencia integral del Estado: salud, educación, justicia, desarrollo económico y respeto a los derechos humanos.
“Se espera que se brinden las ayudas humanitarias necesarias a estas comunidades que se encuentran confinadas”, dijo Machado, al insistir en el acompañamiento urgente de las autoridades nacionales. Mientras tanto, las familias esperan volver a salir de sus casas sin miedo, los niños regresar a la escuela, y el pueblo, lentamente, recuperar algo de su normalidad.
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