En Boyacá, el sector papero enfrenta una crisis profunda por la caída sostenida del precio del producto, que se encuentra por debajo de los costos de producción.
Ante esta situación, el Gobierno Nacional lanzó un paquete de medidas estructurales y de choque para proteger la estabilidad económica de miles de campesinos y asegurar la continuidad de la cadena productiva en 34 municipios del departamento.
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Durante la Asamblea Departamental de Productores de Papa en Soracá, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó los avances en la apertura de mercados.
“Tenemos mercados abiertos, tenemos una diplomacia sanitaria y el ICA ha anunciado un plan de choque para poder certificar a nuestros productores y poder empezar a movilizar papa hacia el exterior”, afirmó la ministra.
Este anuncio refleja la apuesta del Gobierno por diversificar destinos y abrir mercados internacionales para la papa colombiana, que hoy enfrenta una crisis en el mercado interno.
La ministra reconoció la complejidad de la situación: “Somos conscientes de que el precio de la papa viene bajando y es una tendencia que afecta a nuestros productores porque claramente hoy ya el precio está por debajo de los costos de producción”.
Ante este escenario, el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Boyacá, Fedepapa, Finagro, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Banco Agrario y las alcaldías involucradas han conformado una mesa de trabajo para articular soluciones.
Entre las acciones inmediatas se destaca el fortalecimiento de las líneas de financiamiento, incluyendo la continuidad del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), para evitar que los campesinos queden en mora con sus obligaciones.
Carvajalino explicó que “en Boyacá los campesinos son los que más cobertura en garantías agropecuarias tienen, pero también son los que más pagan. Eso creo que nos va a permitir tener un plan de choque de normalización de cartera para que ante esta cosecha y la situación no veamos afectados los patrimonios de nuestros productores”.
Adicionalmente, se impulsará la activación de compras públicas mediante acuerdos con entidades estatales, como los Ministerios de Defensa y Justicia, para adquirir parte de la producción a precios justos.
Esta estrategia busca aliviar la presión sobre los agricultores que no han logrado comercializar su cosecha en el mercado tradicional.
La agenda de trabajo incluye también la convocatoria a la Mesa Nacional de la Papa la próxima semana del 28 de julio al 3 de agosto, que reunirá a representantes de los principales departamentos productores —Nariño, Cundinamarca y Boyacá— para analizar tanto la coyuntura actual como los desafíos estructurales del sector.
En esta instancia se discutirán planes de ordenamiento productivo y otros instrumentos para garantizar la sostenibilidad a mediano y largo plazo.
La ministra enfatizó además la importancia de mejorar la productividad, competitividad y calidad de la papa colombiana, apuntando a la exportación como una vía para fortalecer al sector.
En este sentido, el plan de choque del ICA para certificar a los productores busca facilitar la apertura de mercados internacionales, diversificando así los destinos y reduciendo la dependencia del mercado nacional.
Para complementar estas medidas, la Gobernación de Boyacá organizará la “Papatón” en varios municipios del departamento, una iniciativa destinada a movilizar la producción represada y brindar un alivio inmediato a los productores que enfrentan dificultades para vender su cosecha.
Con estas acciones coordinadas entre Gobierno, sector privado y entidades locales, se espera mitigar el impacto de la crisis en el sector papero y asegurar la sostenibilidad de una actividad económica clave para Boyacá y Colombia.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, advirtió que el paro no es la solución para la crisis del campo colombiano, ya que podría perjudicar a los campesinos que ya sufren. Por ello, instó a evitar bloqueos y promover el diálogo como vía para enfrentar las dificultades.
Amaya propuso la creación de una Mesa Nacional Agropecuaria, un espacio de concertación entre representantes de varios departamentos para diseñar soluciones estructurales que superen las medidas temporales que han caracterizado la política agrícola.
Reconoció que la crisis actual no solo se debe a factores climáticos como las recientes lluvias, sino a un abandono histórico que ha dejado a muchas familias campesinas en vulnerabilidad.
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