En abril de 1991 fueron asesinados los periodistas y corresponsales de El Espectador, Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas –también reportero gráfico–, en Segovia, Antioquia. El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en la violación de derechos fundamentales a los comunicadores y por la impunidad en sus casos.
“Durante años se omitió lo esencial: que Julio Daniel y Jorge Enrique fueron asesinados por ejercer su labor como periodistas (…). Reconocemos que la impunidad en este caso agravó el dolor de las familias y debilitó la libertad de prensa. Este acto es una expresión pública de responsabilidad y un gesto necesario de memoria y reparación”, indicó el director de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Yebrail Haddad Linero.
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Según Haddad Linero, los periodistas viajaron a Segovia con el fin de investigar una masacre ocurrida en 1988, perpetrada por grupos paramilitares de la familia Castaño. Luego del crimen, la investigación que se adelantó sobre los hechos fue “fragmentaria, lenta e inconclusa”. En ese sentido, no se garantizó el acceso a la justicia.
En medio del “olvido”, las familias de las víctimas persistieron en su búsqueda de la verdad y la justicia, acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lograron que el 23 de abril de 2025 se suscribiera un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (Cidh). Este derivó, justamente, en la realización del acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado.
En ese sentido, en representación del Estado colombiano, reconoció la responsabilidad del mismo en el caso y reiteró su compromiso con el cumplimiento de las cláusulas del acuerdo firmado en abril. Aseguró que la vida y el trabajo de los periodistas es importancia para garantizar la búsqueda de la verdad y el fortalecimiento del debate público.
“Gabriel García Márquez expresó que ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Esa convicción también animaba a Julio Daniel Chaparro y a Jorge Enrique Torres. Ambos sabían que contar lo que ocurre en Colombia no es una tarea neural, es una forma de resistencia”, indicó.
Finalmente, envió un mensaje a las familias de los periodistas que fueron víctimas de la violencia en Colombia: “No tenemos cómo reparar lo irreparable, pero sí debemos responder con hechos. Que este acto sea prueba de ello”.
La investigación sobre el asesinato de los periodistas
De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas fueron asesinados por cuatro hombres armados que dispararon en su contra cuando se encontraban en la calle de La Reina, en Segovia. En un informe de la Cidh correspondiente al panorama colombiano en 1993, se indica que, en un primer momento, se atribuyó el crimen a traficantes de drogas del cartel de Medellín.
Sin embargo, poco después, la Dijín informó que detrás del asesinato de los comunicadores estaban las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), algo que posteriormente confirmó la Procuraduría General de la Nación.
Pero, por otro lado, en un informe de la Oficina de Investigaciones Especiales se responsabilizó a dos frentes de las antiguas Farc-EP y a las Milicias Bolivarianas Populares José Antonio Galán, del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al mismo tiempo, se descartó el hecho de uniformados de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, así como de organismos de seguridad del Estado, hayan estado involucrados en los homicidios.
En 2019, un fiscal abrió una indagatoria a los miembros del ELN Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán; a Nicolás Rodríguez, alias Gabino; y a Eliécer Chamorro, alias Antonio García, por su presunta participación en el doble asesinato. Un año antes, el caso fue declarado como crimen de guerra.
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