La Sección Quinta del Consejo de Estado desestimó los recursos de nulidad y aclaración interpuestos por Rafael Martínez en un intento por revertir el fallo del 8 de mayo de 2025 que anuló su elección como gobernador de Magdalena por incurrir en doble militancia.
Esta decisión, comunicada el 25 de julio de 2025, marca el cierre de las posibilidades legales del mandatario para revertir el fallo de única instancia emitido por el tribunal.
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En sus alegatos, Martínez señaló supuestos errores en la notificación, problemas en la argumentación y falta de claridad en la sentencia, de acuerdo con el documento.
Aún así, el alto tribunal concluyó que “no está llamado a prosperar, el reparo relacionado con la falta de notificación en debida forma del auto admisorio de la demanda, pues como se vio en precedencia, el accionado sí se le notificó y con ello, no solo pudo ejercer su derecho de defensa a plenitud a través de su apoderado”.
Aunque estos recursos representaban la última vía ordinaria para Martínez, la decisión de negar ambos solicitudes deja en firme la anulación de su elección.
De forma paralela al pronunciamiento, Martínez interpuso una tutela para intentar suspender los efectos del fallo de nulidad electoral, recurso que fue admitido al cumplir con los requisitos legales.
No obstante, la solicitud de medida cautelar para detener la ejecución de la sentencia fue negada mientras se estudia el fondo de la tutela. Mientras tanto, el Gobierno nacional deberá designar reemplazo temporal y convocar a elecciones atípicas en el departamento.
Por su parte, Rafael Martínez no ha emitido un pronunciamiento respecto de la confirmación de la nulidad, si bien en instancias previas sostuvo que el proceso en su contra formaba parte de una persecución política.
Las pruebas en contra de Martínez
El alto tribunal, dentro de su providencia, analizó las pruebas presentadas en la demanda, en las que se acusa al entonces candidato de respaldar en un acto público a María Charris y Miguelina Pacheco, aspirantes del partido de La U, movimiento político distinto a Fuerza Ciudadana, colectividad que avaló la candidatura de Martínez.
Según la decisión, “para la Sección Quinta existe evidencia que el entonces candidato a la Gobernación de Magdalena apoyó en un evento público a María Charris y Miguelina Pacheco, candidatas por el partido de La U, movimiento distinto al que avaló a Rafael Martínez”.
En el expediente consta la presencia de Martínez en tarima durante un acto celebrado el 21 de septiembre de 2023 en la Villa Olímpica, donde expresó de forma manifiesta su respaldo a las candidatas de La U, a pesar de que su partido presentaba sus propias listas para el Concejo de Santa Marta y la Asamblea del Magdalena.
“El candidato a la Gobernación del Magdalena por el Partido Fuerza Ciudadana aparece en tarima e inicia su intervención, dedicada en gran parte a alabar las virtudes de las candidatas al Concejo de Santa Marta y la Asamblea del Magdalena por el partido de La U, Miguelina Pacheco y María Charris”, señala el fallo.
La sentencia cita además que “las manifestaciones del señor Rafael Alejandro Martínez, en tanto incurrió en doble militancia, fueron noticia regional y nacional, por lo que varios medios noticiosos en el país reportaron lo acontecido”.
Además, la providencia judicial resalta que “el demandado contravino la lealtad y disciplina que le era exigible a favor de los aspirantes inscritos por Fuerza Ciudadana, al Concejo de Santa Marta y a la Asamblea del Magdalena”.
La decisión se suma a la situación del movimiento Fuerza Ciudadana, al que ya se le retiró la personería jurídica meses atrás, lo que debilita aún más a la agrupación en el escenario cultural y político del Caribe.
El Gobierno deberá convocar a elecciones atípicas que permitan completar el periodo constitucional 2024-2027, en cumplimiento de la providencia emitida por el Consejo de Estado.
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