Exministro Ricardo Bonilla habría ordenado beneficiar con contratos a congresistas vinculados con el escándalo de la Ungrd: esto es lo que se ha revelado en el proceso

La Fiscalía investiga si el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla impartió órdenes para que seis congresistas recibieran beneficios indebidos vinculados a millonarios contratos de la Ungrd, caso que tiene como testigo principal a María Alejandra Benavides, exasesora del ministerio de Hacienda, que busca inmunidad penal a cambio de su testimonio.

Un documento reservado de la Fiscalía, revelado por Caracol Radio y expuesto ante el juez 17 de Control de Garantías de Bogotá, expone detalles sobre la presunta red de corrupción que habría operado entre funcionarios del Gobierno nacional y congresistas para facilitar la aprobación de créditos públicos a cambio de la asignación de contratos regionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

María Alejandra Benavides, exfuncionaria de Hacienda y testigo clave del caso, entregó información que permitió a la Fiscalía desentrañar la forma en que se habrían gestionado intereses ilícitos desde el alto Gobierno en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El organismo de control judicial analiza la solicitud de principio de oportunidad—una figura que otorga inmunidad penal a cambio de colaboración eficaz—para Benavides, que detalló en un extenso testimonio los presuntos manejos irregulares que se originaron en el despacho del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

De acuerdo con los documentos en poder de la Fiscalía, el 31 de octubre de 2023, Ricardo Bonilla, entonces ministro de Hacienda, transmitió instrucciones precisas a María Alejandra Benavides con el fin de asegurar la asistencia de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito durante el trámite de créditos de la Nación.

Bonilla ordenó a Benavides recibir formalmente propuestas de inversión regional en las que los congresistas tenían intereses personales.

El testimonio de Benavides señala que Bonilla instruyó que estos proyectos debían ser gestionados a través de la Ungrd y dar prioridad a los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz, así como a los senadores Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo.

Todos ellos, según la investigación, harían parte de una supuesta estrategia para obtener respaldo legislativo para créditos clave del Gobierno a cambio de favorecer personalmente a los legisladores con proyectos en sus regiones.

El documento judicial detalla que entre octubre de 2023 y marzo de 2024 los entonces directivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla—ambos hoy confesos ante la justicia—Articulaban la red junto a Ricardo Bonilla, la propia Benavides y Jaime Ramírez Cobo, funcionario del Dapre y enlace con el Congreso.

Entre los contratos que habrían sido objeto de manipulación se encuentran los de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen (Bolívar), por un valor cercano a los 90 mil millones de pesos.

Sneyder Pinilla implicó al exministro Ricardo Bonilla y a Karen Manrique en red de sobornos

El caso de corrupción más resonante en la Ungrd sumó nuevas revelaciones a raíz del principio de oportunidad suscrito por Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la entidad.

En un documento de 156 páginas conocido por Noticias RCN, Pinilla expone detalles sobre presuntas órdenes y maniobras para la asignación irregular de millonarios contratos, en las que menciona directamente al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a la representante de las curules de paz por Arauca, Karen Astrid Manrique.

Las declaraciones de Pinilla, presentadas en el desarrollo de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía a cambio de beneficios jurídicos, hacen referencia a negociaciones, presiones y solicitudes directas que habrían ocurrido entre 2023 y 2024 en torno a la aprobación y ejecución de proyectos financiados con recursos públicos.

Pinilla sostuvo ante la Fiscalía que el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría mostrado un interés poco usual en varios proyectos de contratación adelantados por la Ungrd.

Según su testimonio, Bonilla habría buscado que se adjudicaran tres contratos, valorados en más de 90 mil millones de pesos, a congresistas miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

El objetivo, según Pinilla, era garantizar el respaldo parlamentario a futuros proyectos de endeudamiento público nacional.

Para coordinar estos procesos, reveló Pinilla, el exministro de Hacienda habría designado a María Alejandra Benavides Soto como el enlace directo entre su despacho y la subdirección de Manejo de Desastres de la Ungrd.

Benavides Soto debía coordinar con Pinilla la gestión de estos tres proyectos que favorecerían a congresistas, con la promesa de entregar conceptos favorables sobre el endeudamiento público.

El exfuncionario narró en el documento que existió una instrucción clara por parte de Bonilla para que esos contratos se adjudicaran antes de diciembre de 2023.

Esta directriz no se habría cumplido en el tiempo estipulado, lo que habría generado un descontento manifiesto por parte del exministro.

Pinilla relató que Ricardo Bonilla expresó su molestia porque los contratos, previstos para finales de año, seguían sin adjudicarse al iniciar enero. La presión, señala Pinilla, se mantuvo hasta que los procesos contractuales avanzaron.

En palabras de Pinilla, la prioridad de estos contratos radicaba en la obtención de respaldo político y el aseguramiento de la viabilidad de futuros proyectos de endeudamiento para la Nación.

El principio de oportunidad describe este mecanismo como una vía para asegurar la aprobación parlamentaria a iniciativas financieras de gran impacto.