Sargento del Ejército fue señalado de presunto abuso sexual en batallón de Pasto: Procuraduría lo suspendió

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de un sargento viceprimero del Ejército Nacional de Colombia, adscrito a la Vigésima Tercera Brigada, con sede en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, por su posible implicación en un caso de abuso sexual.

Según informó el organismo de control, el suboficial, que se desempeña como responsable de Derecho Operacional y Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el Batallón Boyacá de la institución castrense, fue apartado de sus funciones mientras avanzan las indagaciones.

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De acuerdo con la denuncia presentada por una de las hermanas de la víctima, los hechos habrían ocurrido la noche del 13 de junio de 2025 en las instalaciones de la guarnición militar.

La víctima sería una joven que actualmente presta su servicio militar obligatorio en esa unidad militar.

Según información revelada por Cambio, la militar fue llamada a la oficina del sargento viceprimero, mientras se encontraba cumpliendo labores de vigilancia nocturna.

Allí, de acuerdo con el relato de la familiar, citado por el medio de comunicación, el alto oficial, que le habría solicitado acudir a su despacho bajo un pretexto menor, supuestamente “comenzó a realizar un contacto físico no consentido que habría terminado en una agresión sexual”.

Una vez se conoció el hecho, una compañera de dormitorio dio aviso a una oficial superior, lo que derivo en la activación del protocolo institucional denominado ‘Código Púrpura’, especial para situaciones de violencia sexual.

Entre tanto, la joven militar fue llevada a la unidad de sanidad y posteriormente fue trasladada hasta un centro médico de Pasto, en la que recibió atención médica.

La gravedad de la acusación y la relación jerárquica entre el investigado y la presunta víctima han motivado la intervención inmediata de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto, que asumió la investigación disciplinaria contra el uniformado.

“La permanencia en el cargo del sargento podría interferir en el desarrollo de la investigación y posibilita, además, la oportunidad de que el militar, por el grado que lleva, induzca, coaccione o instigue a la víctima queriendo desviar el curso de los hechos, argumentos válidos por el ente de control para pedir la suspensión provisional del cargo del suboficial por espacio de tres meses”, dijo el ente de control en un comunicado.

La Procuraduría solicitó a la Oficina de Talento Humano de la Vigésima Tercera Brigada que haga efectiva la medida cautelar de manera inmediata, con el objetivo de evitar cualquier interferencia en la recopilación de pruebas y testimonios.

Las autoridades han optado por la reserva de los nombres de los involucrados, en cumplimiento de los protocolos de protección a la víctima y de respeto al debido proceso.

No obstante, la confirmación de la suspensión del sargento representa un paso relevante en la respuesta institucional ante denuncias de esta naturaleza.

El caso ha generado preocupación en la comunidad local y en el ámbito nacional, dada la gravedad de las acusaciones y el contexto en el que se produjeron.

Por ahora, el proceso disciplinario continuará hasta que se esclarezcan los hechos y se adopten las decisiones correspondientes. La atención se mantiene sobre el desarrollo de la investigación y las acciones que adopten las autoridades para garantizar justicia y protección a la presunta víctima.

Hasta el momento, el Ejército nacional no se ha pronunciado sobre los hechos en particular.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en lo corrido de año 2025, 3.804 mujeres han sido víctimas de delitos sexuales, siendo las niñas y adolescentes las más afectadas, con 2.011 casos.

Además, se han registrado 104 casos de violencia sexual contra mujeres con Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género Diverso y aquellas que se identifican como LBT (lesbianas, bisexuales y trans).

Sobre las regiones con mayor incidencia de estos delitos, la entidad nacional afirmó que Bogotá, Antioquia y Norte de Santander encabezan el listado de regiones donde se registran estos casos en el país.